El 31% de los edificios públicos incumplen la Ley de Accesibilidad

Así lo denunció ayer la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) en la presentación del número 38 de su revista ´Consumidorex´, donde publica que el 31% de los edificios de la administración pública siguen siendo inaccesible para las personas minusválidas.

El secretario general de UCE, Javier Rubio Merino, insistió en que "el plazo para la adaptación de estos edificios finalizó el pasado mes de julio, según la ley publicada el 3 de julio de 1997".

Rubio reconoció que la situación ha mejorado con respecto al último informe que se publicó en 2001 --cuando el 56% de los edificios presentaban barreras-- "sin embargo, este esfuerzo sigue sin ser suficiente".

Según el artículo, la Administración autonómica es la que presenta más accesibilidad para los minusválidos, con la adaptación del 80% de sus edificios. La peor parada es la Administración estatal, ya que sólo el 57% de sus inmuebles están adaptados para minusválidos. En el caso de los ayuntamientos, sus edificios son accesibles en un 63%.

El responsable de la UCE reclamó a las administraciones que realicen las dotaciones presupuestarias necesarias para hacer accesibles los edificios de su propiedad, aunque aceptó que algunos casos esto no es posible, ya que cuentan con edificios con valor histórico cuya estructura no puede ser modificada.

Los edificios menos accesibles de la región son los juzgados, las casas de cultura y las bibliotecas. El secretario general de la UCE explicó que en algunos casos se viven situaciones "surrealistas", refiriéndose "a la toma de declaración en plena calle de una persona en silla de ruedas porque la entrada al juzgado presenta 10 o 12 escalones". También mencionó que en hay casas de cultura con el bar adaptado pero sin rampas ni ascensores para acceder a las diversas plantas.