Unas cinco mil familias extremeñas decidieron invertir sus ahorros en la producción de energía fotovoltaica y se vieron afectados a causa de ello por los recortes retroactivos en las primas que aplicó el Gobierno. En total, suman unos seiscientos magavatios de potencia instalada, de acuerdo a las estimaciones de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier). «El laudo nos deja un sentimiento agridulce. Nos reconforta que se haya hecho justicia, pero nos entristece que haya sido tan lejos de nosotros. Nos gustaría que la decisión se hubiese tomado en España», subraya Rafael Barrera, director general de este colectivo.

«Nosotros presumimos que se van a producir más laudos favorables a los inversores, porque nos parece de lógica y de sentido común», agrega Barrera, quien confía en que esto sirva para que también se dé respuesta a las demandas de los inversores españoles. En este sentido, considera que la solución no tendría por qué tener un carácter jurídico, sino que podría llegar por la vía política. «El Gobierno debería sentarse con nosotros y buscar una solución pactada», sostiene. En cualquier caso, asegura, «Nunca hemos dado esto por perdido. Vamos a seguir hasta el final. Ya es una cuestión no solamente económica, sino también de dignidad para el sector productor».

Barrera recalca cómo los pequeños inversores del sector fotovoltaico han tenido que refinanciarse «en masa». «Si no, hubiésemos tenido problemas muy serios. Los particulares nos tenemos que financiar poniendo nuestras garantías personales frente a la banca. Así que, o refinanciabas, o te podían ejecutar tus bienes personales. No había más remedio que tirar hacia adelante y ahora no vamos a parar ni un solo día», concluye.

«En la fotovoltaica hay mucho pequeño inversor», coincide Vicente Sánchez, del Cluster de la Energía de Extremadura, quién recuerda que el Gobierno de Rodríguez Zapatero «hizo hasta anuncios en la prensa para que la gente invirtiera en esto porque era un negocio seguro y duradero». «Para que luego llegue el Constitucional y te diga que teníamos que haber previsto los cambios normativos. Esto ha sido como comprar bonos del tesoro a tres años al 6% y que después del primero te digan que en lugar de eso te van a dar el 2,5%», remacha.

Para José Donoso, de Unef, no tendría sentido que, si finalmente el Estado se ve obligado a compensar a buena parte de los inversores extranjeros, no busque a continuación una fórmula para hacer lo propio con los nacionales. «No sería justo ni equitativo», asevera, compensar a un gran fondo de inversión, por ejemplo, y no hacerlo «con un agricultor o un pequeño inversor». «Moralmente están obligados a buscar una solución», arguye, si bien, reconoce, de momento no ha visto «ninguna declaración ni señal del Gobierno que vaya en esa dirección».