Los planes de Liberbank --el banco creado tras la fusión de Cajastur-Banco CCM, Caja Cantabria y Extremadura-- para desinflar su plantilla y su número de oficinas siguen intactos tras la segunda reunión entre la entidad y los representantes de los trabajadores celebrada ayer en Madrid. El banco mantiene los cerca de mil despidos en todo el país, 198 de ellos en Extremadura y el cierre de 78 de sus 210 oficinas, pero cambia la fórmula jurídica para despedir a parte del personal.

Así, en el encuentro de ayer apenas hubo dos novedades: ofreció ampliar las medidas de desvinculación a los empleados nacidos también en 1961 y modificar el sistema de aplicación ofreciendo suspensiones de contrato hasta los 63 años. Así, a los nacidos entre los años 1959 y 1961 --un año más-- ofrece una mezcla entre suspensión de contrato compensada al principio y "excedencia especial voluntaria compensada" hasta los 63 años. Con este sistema se mejoran las condiciones de salida de más personal pero le sume en una inseguridad futura que con la anterior fórmula no tenían, advierte CSICA.

Esta fórmula que se aplicaría año tras año hasta que los afectados cumplieran los 63, podría extenderse a unos 80 trabajadores de Extremadura nacidos entre el 59 y el 61 (540 personas en todo el país), casi la mitad del total de bajas previstas en la región. Para el resto, hasta las 198 personas, se mantienen las desvinculaciones voluntarias con incentivo --que no indemnización--, que tendrían peores condiciones aunque algo mejor respecto a lo que marca la reforma laboral: 30 días de salario por año y un tope de 20 mensualidades, hasta un máximo de 120.000 euros, y sin posibilidad de acceder al paro puesto que no es un ERE.

Desde CSICA, que el viernes realizó asambleas informativas, señalan que entre los empleados hay miedo y desánimo porque los planes de Liberbank parecen no tener marcha atrás. De materializarse este nuevo recorte, la entidad habrá perdido en 2017 en la región más de la mitad de empleados y oficinas que tenía en 2011. Pasará de 1.150 trabajadores entonces a poco más de 500 y de 250 oficinas a 130. Alertan de que este nuevo ajuste tiene otros daños colaterales como son la posible fuga de dinero y pérdida de clientes, así como la "exclusión financiera" que va a provocar en los pequeños municipios extremeños que se quedarán sin oficina. Las partes se han citado a una nueva reunión mañana miércoles.