La Junta advierte del aumento de menores migrantes derivados como adultos al albergue de Mérida

Nuevo encuentro para abordar un plan de respuesta ante la llegada de migrantes a las costas españolas. La secretaria general de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia de la Junta de Extremadura, Teresa Angulo, trasladó el pasado miércoles en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, "la solidaridad" de Extremadura con Ceuta y Canarias, así como "su compromiso de contribuir a mitigar la crisis migratoria". También comunicó al Gobierno central el estado de "saturación del sistema de protección de menores", debido principalmente al aumento de menores que han sido derivados como adultos por el Ejecutivo al albergue de Mérida.

Desde octubre, cuando comenzó la crisis migratoria en las islas, la región ha acogido a casi 3.000 migrantes, aunque actualmente quedan 740, según los últimos datos aportados por el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana. Todos ellos están en el albergue emeritense, que cuenta con 840 plazas. Cabe destacar que por parte de Vox, el socio de Gobierno de María Guardiola en la región, se reclamó el pasado martes la "expulsión inmediata" de todos los inmigrantes ilegales que se encuentran alojados en el albergue, así como el cierre de este centro.

En la reunión, el Gobierno propuso a las comunidades la distribución de 300 niños y jóvenes no acompañados que están en Canarias y otros 100 en Ceuta, con el objetivo de aliviar la presión de los recursos asistenciales de estas zonas de llegada. Para ello, se destinarán 30 millones de euros del presupuesto estatal y la distribución concreta por territorios se acordará en la próxima conferencia sectorial, prevista para la primera quincena de mayo. Según informó el secretario de Estado de Infancia y Juventud, Rubén Pérez, ninguna comunidad recibirá más de 50 menores. 

Por otra parte, la Junta también solicitó en el transcurso de esta comisión explicaciones sobre el acuerdo entre el gobierno de España y el de Canarias para la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que establecerá un reparto autonómico de los migrantes y vinculante para el resto de territorios en casos de emergencia migratoria. En concreto, el Gobierno extremeño critica que este se haya abordado "sin haber consultado ni informado al resto de las comunidades autónomas".

En caso de que el cambio legislativo sea respaldado por las Cortes, este obligaría a una reubicación inicial de 2.500 menores. Los criterios de reparto serán similares a los que se han venido aplicando, como la población, la renta, la tasa de paro, el esfuerzo que cada comunidad emplea en la acogida de menores extranjeros y la dispersión territorial de los núcleos de población. A tenor de la estimación realizada por El País, a Extremadura le corresponderían 185 menores y recibiría un presupuesto de 9,9 millones.

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