Casi ochocientos extremeños con dependencia moderada reconocida durante el 2011 no recibirán este año la ayuda a la que tienen derecho. El decreto que el Gobierno aprobó a fines de diciembre pasado para corregir el déficit público incluía entre sus medidas la de retrasar un año la incorporación al sistema de prestaciones de aquellas personas en situación de dependencia moderada (grado I nivel 2). Esto suponía que los 30.000 dependientes moderados que se estima que iban a ser valorados en el 2012 no percibirían ayudas hasta dentro de un año. Sin embargo, finalmente también se verán afectados por la normativa otros 29.838 beneficiarios con derecho a prestación confirmado ya desde el 2011, entre ellos 792 extremeños.
Esta situación se refleja en las estadísticas del Ministerio de Sanidad, que a fecha 1 de febrero recogen para la comunidad autónoma 3.247 dependientes moderados con derecho a prestación, frente a los 4.039 que había un mes antes.
No tendrán problemas para recibir la ayuda quienes ya contaban con un Programa Individual de Atención (PIA) aprobado o aquellos que, habiéndolo solicitado, no hubiesen visto resuelto su expediente en el periodo de seis meses. De esta manera, si la solicitud se hizo durante el segundo semestre del 2011, no habría derecho a la prestación este año.
"El resultado final es que nuestros brillantes gestores han decidido que la efectividad del derecho no dependa únicamente y como sería lo razonable, del dictamen de situación de dependencia objetiva y de un calendario legalmente previsto, sino también de la mayor o menor agilidad de una resolución administrativa que, evidentemente, no está en manos de los titulares de los derechos y es totalmente arbitraria", aseguró en un comunicado José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
A juicio de Ramírez, parece una "aberración jurídica" que la efectividad de un derecho de la ciudadanía dependa del lugar de residencia o de la mayor o menor diligencia que haya tenido la Administración. Esto ha supuesto, agregó, que casi treinta mil dependientes con derecho a ser atendidos sean excluidos del sistema porque la tramitación se retrasó, "mientras que miles de ciudadanos, en idénticas circunstancias, sí han entrado en el bombo de las atenciones porque sus administraciones autonómicas o locales han sido más ágiles y diligentes".
Igualmente, Ramírez recalcó en la mencionada nota que la medida supone un ahorro "escasísimo", del que se beneficiarán "las administraciones menos competentes y ágiles". Por contra, las más "espabiladas", que ya tenían a casi todos los moderados atendidos, "no ahorrarán nada".
DIRECTORA DEL SEPAD Esta misma semana, en la Comisión de Salud y Política Social de la Asamblea, la directora gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), Cristina Herrera, cifró únicamente en 212 los dependientes moderados que habían cursado su solicitud de ayuda entre el 1 de julio y el 31 de diciembre y a las que no había dado tiempo de terminar el expediente. "Estamos viendo la posibilidad de que a través de los servicios sociales estas personas puedan ser atendidas", dijo Herrera, que resaltó que a otros 608 extremeños que tramitaron sus peticiones durante el primer semestre y que cuentan con el PIA aprobado se les atenderá en su totalidad.
La Junta no contestó la petición que este diario le cursó ayer para que aclarase la diferencia entre las cifras publicadas por el Ministerio de Sanidad y las facilitadas en la Asamblea el pasado martes.
