«Esto es un cachondeo», subrayó el portavoz socialista, Miguel Ángel Morales. «Una falta muy importante de responsabilidad por parte del Gobierno regional», dijo su homólogo popular, Fernando Pizarro. «Inexplicable e inaceptable», indicó la portavoz de Ciudadanos, Mª Victoria Domínguez. Mientras que los secretarios regionales de CCOO y UGT, Julián Carretero y Patrocinio Sánchez, pidieron directamente la dimisión de la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera. Fueron las reacciones ayer en la comunidad autónoma tras darse a conocer que el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente había requerido, por quinta vez, más información a Sacyr, la nueva empresa que pretende explotar la mina de Aguablanca de Monesterio, para poder seguir con el trámite de obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Una vez conseguida, será posible poner otra vez en marcha el yacimiento minero del que dependen 400 puestos de trabajo.
En lo referido a esa quinta solicitud, en un primer momento, Cristina Herrera aseguró que se trataría de un problema técnico pero que ella lo desconocía: «La situación es la misma que hace 15 días, no ha variado nada que yo tenga conocimiento», manifestó. Y apuntó que a lo mejor pedían otra documentación «para asegurarse de emitir ese informe». «No debe ser fácil», añadió.
Pero posteriormente desde la Delegación del Gobierno emitieron un comunicado para explicar que no se trataba de un quinto requerimiento de información, sino que la propia empresa había solicitado una prórroga de diez días para poder aportar toda la documentación que ya le ha pedido el Ministerio para seguir adelante con la DIA.
Ya con esta respuesta, Herrera acusó a los dirigentes sindicales de querer crear «alarma social» y «confundir a la opinión pública con una clara intencionalidad política». «Ni tan siquiera consultan o contrastan antes de emitir una valoración», insistió.
«Cualquier insinuación o injerencia -continuó- en este sentido desde un cargo público podría acarrear responsabilidades judiciales como una presunta prevaricación».
Contradicciones / Antes estas acusaciones, desde CCOO contestaron que se lamentaban de las contradicciones de la Delegada del Gobierno y que lo fundamental es que llegara ya la DIA de Aguablanca.
Han pasado casi dos años desde que se tramitó el expediente para la nueva explotación de la mina, y desde entonces las 400 puestos de trabajo que dependen de este trámite siguen a la espera.
Asimismo, habría que recordar que hace solo unas semanas Sacyr ya tuvo que presentar nueva documentación por cuarta vez.
