Los alcaldes de los municipios pacenses de Jerez de los Caballeros y Fregenal de la Sierra se unieron ayer a sus homólogos de Cala, Calañas, Santa Olalla, Cañaveral de León, Corteconcepción, Hinojales, Arroyomolinos, todos ellos en la provincia de Huelva, y al de El Real de la Jara, en Sevilla, para pedir a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) medidas que sirvan para solucionar la situación los mineros de la empresa Presur.
En un comunicado, los alcaldes solicitan a la SEPI, de la que depende Presur, que negocie con la treintena de trabajadores, la mitad de ellos extremeños, que desde el pasado viernes se encuentran encerrados en las instalaciones de esta empresa como rechazo al expediente de regulación de empleo que propone la baja incentivada o cambiar de empresa a estos mineros.
Con esta medida, los alcaldes de los municipios del entorno de esta mina, según informa Efe, quieren mostrar la solidaridad con sus vecinos y tratar de "desbloquear la situación y buscar una solución oportuna".
Los ayuntamientos de estos diez municipios solicitan también a las administraciones que "ayuden al inicio de las negociaciones" ya que "lo mínimo que se puede hacer es dialogar".
Por otra parte, UGT aseguró ayer que el expediente de regulación de empleo propuesto por la empresa fue un acuerdo suscrito en el 2002, por lo que culpa de la situación actual al Gobierno del PP. El sindicato respondía así al líder del PP extremeño, Carlos Floriano, que instó el martes al jefe del Ejecutivo regional, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, a manifestarse sobre la situación de los mineros extremeños, a los que señaló, se les ha ofrecido un trato discriminatorio.
UGT muestra su extrañeza por las declaraciones efectuadas por Floriano, ya que detalla que el acuerdo citado fue suscrito el 15 de marzo de 2002 y contó con la aprobación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, de Presur y de Río Narcea, propietaria de la mina Aguablanca de Monesterio.
