Los responsables de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, imputados por los delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental a raíz de una querella presentada por una profesora de Cáceres, mantienen que sus actuaciones fueron "en todo momento correctas". Así lo aseguran reiteradamente en las declaraciones que realizaron durante la instrucción de la causa y que figuran en el expediente al que ha tenido acceso EL PERIODICO.

El director general de Personal Docente, Diego Mostazo, advirtió que, conforme a un Real Decreto, la concesión de las comisiones de servicios "se hace por exclusivo interés de la Administración, por necesidades del servicio o para cubrir alguna plaza". Y ante el hecho de que la querellante alegó que la plaza que ella ocupaba se había dado a otro "con menos méritos", Mostazo hizo constar en su declaración que se "ha dictado sentencia en via contenciosa que ha declarado válido el nombramiento de interino" que se realizó.

Por su parte, Emilia Guijarro, directora provincial en Cáceres, manifiesta con rotundidad en su declaración que en los trámites, en relación con la comisión de servicio solicitada en septiembre del 2000 para el curso 2000-2001 por María Teresa Martín de Benito, "no existe la más mínima falsedad documental" ni actuación irregular alguna.

A su correcta conducta hace también referencia en su escrito el fiscal, al señalar: "No solamente no se dictó una resolución injusta, sino que no se infiere la voluntad en los imputados se adoptarla a sabiendas --en el supuesto de que se hubiera constatado--, por lo que habrá que excluir necesariamente cualquier atisbo de conducta dolosa". En ningún momento, se añade, "se probó la intención dolosa o de ilegalidad por los imputados".

Sobre la situación actual, aclarar que las medidas cautelares adoptadas, como la de presentarse los 1 y 15 de cada mes en el juzgado, se han levantado.