La Fiscalía Anticorrupción presentó ayer una denuncia ante el Juzgado Decano de Instrucción de Badajoz para que se investigue un "posible fraude" en la concesión de subvenciones, por un importe de 2,4 millones, a la patronal extremeña (Creex) y los sindicatos UGT y CCOO. Según informó la Fiscalía en una nota, se han detectado "irregularidades" diversas al existir discrepancias y distorsiones entre los gastos justificados ante la Administración documentalmente, a efectos del cobro de las ayudas, y la realidad del importe realmente pagado como costes de actividad, "siendo los primeros muy superiores a estos últimos".
Estos hechos, indica, pudieran ser constitutivos de delitos de fraude en subvenciones y falsedad documental continuada dada su naturaleza y cuantía.
Este paso es consecuencia del proceso iniciado en marzo de 2015 por el Gobierno del PP, al decidir trasladar a esta instancia un presunto fraude con cursos de formación de ocupados. En este sentido, Anticorrupción recuerda que inició sus investigaciones a raíz de la comparecencia del entonces director del Sexpe, Miguel Lozano, quien puso en su conocimiento la existencia --apoyada en un informe "meramente prospectivo"-- de posibles irregularidades. En concreto, éstas afectaban al proceso de justificación de gastos llevados a cabo por los beneficiarios de las ayudas públicas derivadas de la convocatoria, por Orden de 1 de junio de 2011, de la Consejería de Igualdad y Empleo, destinada a la realización de planes formativos dirigidos a trabajadores ocupados.
La Fiscalía ha recabado soportes documentales referidos, en su conjunto, a más de 600 actividades informativas, 10.000 alumnos y más de 500 docentes.
De lo actuado hasta este momento, surgen "indicios relevantes" que evidencian la existencia de posibles infracciones penales "cuyo tratamiento sugiere como ineludible la judicialización de estas informativas", señala Anticorrupción.
El importe de las subvenciones cuestionadas asciende, según precisa Anticorrupción, a 1.707.106,93 euros en el caso de la Creex, 400.133,27 en el de UGT, y 311.897,55 en el de CCOO.
REACCIONES CCOO y UGT confían en que la decisión de Anticorrupción sirva para aclarar que la actuación del sindicato en la justificación de esa convocatoria fue "totalmente correcta". Ambos saludan este paso para que se resuelva lo antes posible el proceso judicial y se pueda verificar la falta de fundamentos de las acusaciones, "cerrando así los otros juicios paralelos al margen de los tribunales, que solo buscan enturbiar la imagen de los sindicatos", señalan en una nota.
El PP, por su parte, afirma que Monago "hizo bien" al denunciar el posible fraude en los cursos de formación, actuación que recuerda fueran tachadas de "electoralismo" y "bajeza moral".
