Los diputados de la Asamblea de Extremadura aprueban por unanimidad el Proyecto de Ley de Patrimonio de Extremadura tras el debate de diez enmiendas presentadas por el Grupo Popular. Según recoge la agencia Europa Press, cinc de estas enmiendas recibieron el visto bueno de los socialistas mediante transaccionales y otras tres en su integridad; las restantes fueron retiradas por el PP y una rechazada por los socialistas.
El diputado socialista, Jorge Amado, detalla en su exposición que con las cinco enmiendas transaccionales aprobadas "se añaden detalles y riquezas de tipo jurídico" y las otras tres aprobadas en su totalidad enriquecen la iniciativa.
La ley remodela el régimen jurídico de los bienes y derechos integrantes del patrimonio de la comunidad, así como su administración, defensa y conservación, contemplados en la anterior Ley de Patrimonio que databa de 1992. Además, con el nuevo ordenamiento se ajusta la regulación estatal recogiendo las experiencias con resultados efectivos contrastados que proporcionan el Derecho Comparado y las legislaciones autonómicas en la materia.
Como elementos novedosos de la ley, el consejero de Administración Pública y Hacienda, Ángel Franco, resalta que "refuerza" los mecanismos de defensa y protección de los bienes, mediante la atribución de potestades, como la de desahucio, que no se contemplaba en la precedente. Asimismo, indica que profundiza "enormemente" en el diseño de un sistema global unitario del Inventario del Patrimonio de la Comunidad Autónoma. La iniciativa, según anuncia Franco, debería haberse presentado en la anterior legislatura, aunque se "ha retrasado" debido a la "voluntad" del Gobierno regional de que contase con el mayor consenso posible.
Así, para la mejor defensa y protección del patrimonio público la ley contribuye al establecimiento de un cuadro pormenorizado de infracciones y sus correlativas sanciones. En el sistema competencial interno procede a una delimitación más exhaustiva de las correspondientes al máximo órgano de gobierno y administración de la Junta de Extremadura, al titular de la consejería con competencia en materia patrimonial, y a los titulares de las distintas consejerías o entes Públicos, describe el consejero. Eon la nueva ley se afronta la regulación del ámbito patrimonial de los organismos públicos, sistematizando, por ende, el sector público empresarial, e incluyendo normas relativas a la constitución y disolución de sociedades, y ampliaciones y reducciones de capital, llenando con todo ello el campo del Inventario Patrimonial, que se erige finalmente en el instrumento fundamental "ex lege" de la gestión en ese ámbito.
Todo ello sin olvidar, observa el consejero, la regulación de los procesos de gestión patrimonial, la forma de uso de los bienes demaniales (dominio público), y la declaración, como principio general, de la indisponibilidad del Patrimonio Público, "siempre con base en el principio de legalidad del Estado de Derecho". Constituye, también, un elemento novedoso importante, para el Gobierno autonómico, la regulación del régimen patrimonial de los edificios administrativos, con la creación del Consejo Gestor de los Edificios Públicos, y la inclusión de pautas de colaboración interadministrativas al respecto.
Por su parte, la portavoz del Grupo Popular, Pilar Vargas, matiza que la ley "se inspira" en la ley estatal aprobada durante el gobierno central del PP, pero lamenta el "retraso" en la adaptación de la normativa autonómica a la estatal por parte de la Junta y considera "adecuado y suficiente" el proyecto con las enmiendas populares aprobadas. En su opinión, las enmiendas, que son de carácter técnico, contribuyen a que la iniciativa cuente con "mayor transparencia, control y durabilidad en el tiempo", así como a que se mejore la eficacia y eficiencia de los recursos de la región.
Por su parte, el diputado del Grupo Socialista Jorge Amado asevera que el objetivo de la ley es la "conservación, administración y defensa del patrimonio de todos los extremeños", así como "remodelar la ordenación patrimonial" a través de "novedades" con respecto a la normativa actual. Resalta que en la elaboración del proyecto de ley se hayan "tenido muy en cuenta" las aportaciones técnicas de los sectores implicados. "Es una ley muy trabajada y consensuada", sentenció.
