El Parlamento extremeño reclamó ayer al Gobierno central la modificación del nuevo subsidio agrario para que, entre otras cosas, computen como peonadas las obras del Aepsa y se elimine la obligatoriedad de haber residido en Extremadura o Andalucía durante un mínimo de diez años.
La Asamblea de Extremadura debatió y aprobó ayer una Proposición No de Ley en la que se insta al Gobierno central a modificar cuatro puntos de la Renta Agraria --nuevo modelo del subsidio agrario--, una propuesta presentada por Izquierda Unida y que logró el apoyo del PSOE, mientras que los diputados del PP votaron en contra.
El coordinador regional de IU, Manuel Cañada, recordó que la Renta Agraria se aprobó después de que las multitudinarias movilizaciones sindicales obligasen a rectificar al Ejecutivo de Aznar, y valoró como hecho positivo que se considere esta prestación como un derecho subjetivo, que mantenga la misma cuantía y que ningún jornalero quede marginado del sistema. Sin embargo, señaló, quedan "cuatro sombras" en el nuevo modelo.
"RAMALAZO RACISTA"
Y es que se trata de un subsidio que, según Cañada, "agrede al trabajador inmigrante" con un claro "ramalazo racista". En concreto, se refería a la necesidad de que se suprima del Real Decreto que regula la Renta Agraria el requisito que obliga a haber residido en Extremadura o Andalucía un mínimo de diez años para poder acceder a la prestación, lo que dejaría fuera a inmigrantes y emigrantes retornados. Si el Gobierno no cambia este punto el Parlamento extremeño interpondrá un recurso de inconstitucionalidad.
Además, según el acuerdo adoptado ayer por la Cámara extremeña, se pide a la Administración central que se garantice que en el cómputo de las peonadas necesarias para acceder a la Renta Agraria se incluirán las del Aepsa (antiguo PER) y el empleo público. También se solicita que se supriman la limitación del derecho a la prestación a seis ciclos y la obligatoriedad de que los trabajadores de más de 45 años necesiten una cotización adicional al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (Reass).
Desde las filas socialistas, el diputado José Santiago Lavado defendió que los jornaleros que desarrollen el mismo trabajo deben tener los mismos derechos. Asimismo, solicitó al Partido Popular que "de una vez por todas deje en paz" a los trabajadores agrarios de Extremadura y Andalucía.
Por su parte, el diputado del PP Antonio Guerrero insistió en que la Renta Agraria es un "pacto global" fruto de las negociaciones mantenidas por el Gobierno, las Administraciones extremeña y andaluza y las centrales sindicales. A su juicio no se trata de una cuestión racista, puesto que el trabajador que lleve diez años en Extremadura cobrará la prestación con independencia de su origen. Así, dijo, se trata de evitar el efecto llamada .
