Si hace apenas una semana la Asamblea unía su voz contra la limitación a las plantaciones de viñedo para cava, ahora insta a defender las exportaciones de la aceituna de mesa. Y al igual que el pasado jueves, ha sido a través de sendas propuestas de PSOE y PP que piden al Gobierno y la Junta que negocien en pro de los intereses del sector ante el aracel impuesto por Estados Unidos a las importaciones de oliva negra española. Ambas salieron adelante en el pleno de ayer y aunque compartían el fondo, de nuevo volvieron a diferenciarse en su interlocutor final: los populares apelaban a la responsabilidad de la Junta y los socialistas al Ejecutivo de Mariano Rajoy.
La primera iniciativa en debatirse fue la del PP, que contó con el apoyo de Podemos y Ciudadanos (Cs) y la abstención del PSOE. En ella instan a la Junta a trabajar conjuntamente con el Gobierno para resolver esta problemática y poner en marcha una línea de ayudas específicas para buscar nuevos nichos de mercado como alternativa a Estados Unidos.
Los socialistas sin embargo, entienden que esta medida ya está llevando a efecto a través de las diferentes ferias y misiones comerciales en las que participa Avante, de ahí que finalmente decidieran abstenerse. El diputado Andrés Moriano defendió además que «la responsabilidad entera» para negociar sobre este asunto están en manos del Gobierno central, por ello el PSOE optó por presentar una propuesta de pronunciamiento (se aprobó por unanimidad) para pedir al Estado y la Comisión Europea que realicen todas las gestiones comerciales y diplomáticas necesarias ante la Administración de Donald Trump para evitar «el grave daño» del arancel al sector.
«Es cierto que la problemática excede de las competencias autonómicas, e incluso quizás del Gobierno, pero no debemos limitarnos a ser espectadores», defendió el diputado del PP Francisco Ramírez ante los argumentos socialistas. Este pidió a la Junta que «apoye sin fisuras» al Estado y que haga todo lo que esté en su mano para defender al sector.
127.000 TONELADAS / En su intervención, el diputado recordó que Extremadura es la segunda productora de aceituna de mesa española, solo por detrás de Andalucía, con 127.000 toneladas que suponen el 21% de la producción nacional. De esta forma, el sector es de especial relevancia a la hora de crear riqueza y empleo, con unos 8.000 puestos directos cada año y muchos más indirectos.
El aracel de Trump oscila entre el 2,31% y el 7,24% y ha sido una petición de las empresas aceituneras de Estados Unidos, que sostienen que las importaciones de España se están realizando a bajo precio gracias a las subvenciones de la Política Agraria Comunitaria (PAC). En principio se cierne sobre tres empresas andaluzas, pero todos los grupos estuvieron de acuerdo en que también perjudica directamente a los productores y jornaleros de aceituna de mesa en Extremadura (exporta a Estados Unidos por valor de más de tres millones euros), toda vez que se está cuestionando la PAC y la medida se puede hacer extensible a otros productos de la agroindustria extremeña.
Desde Podemos, la diputada Irene de Miguel señaló que las actuaciones en la defensa de la aceituna de mesa deben ser compartidas entre Administraciones y lamentó que en tanto se resuelve el litigio las empresas de Estados Unidos ganarán terreno a las españolas, que a diferencia de las norteamericanas son «pequeñas, familiares y arraigadas en el terreno». De Miguel, que tildó de «parches» las propuestas presentadas por PP y PSOE, abogó por que un grupo de expertos analice los efectos de los tratados internacionales como el Mercosur, el TTIP o el CETA sobre las producciones agropecuarias extremeñas para poder actuar en consecuencia.
Finalmente, la diputada de Ciudadanos, Victoria Domínguez, señaló que el arancel de EEUU a la aceituna de mesa es «un mazazo» para el sector y abogó por «hacer piña» y trabajar de forma coordinada desde todos los sectores para evitar sus nefastas consecuencias.
