La Asamblea, con los votos favorables de PSOE e IU, y la oposición del PP, acordó ayer reclamar al futuro Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero que frene la aplicación de la Ley del Sector Ferroviario, que contempla la privatización de este transporte. Esta norma ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por la Junta, y el recurso, admitido hace unos días, está en tramitación.
La propuesta para que se paralice la ley aprobada en noviembre pasado por el PP partió de la diputada de IU Teresa Rejas, quien aseguró que la premura con que se quiere imponer la liberalización ferroviaria compromete aspectos como la seguridad del transporte o la estabilidad del empleo.
Este planteamiento fue compartido por el diputado del PSOE José María Rodríguez Santa, quien justificó una enmienda a la propuesta de Rejas señalando que la única forma de frenar la entrada en vigor de la norma, prevista para el 18 de mayo --aunque aún no existen reglamentos ni estatutos--, es mediante un Real Decreto, que complemente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto el pasado 10 de febrero, y del que no se había informado hasta ahora, por la Junta.
Por su parte, la diputada del PP Teresa Bravo comentó que la liberalización del ferrocarril viene impuesta por la UE, y criticó al PSOE por pretender crear "un vacío legal", ya que, según explicó "parece que este va a ser el programa del nuevo Gobierno, paralizar la aplicación de leyes pero sin presentar alternativas".
Bravo se preguntó también "hasta cuándo se va a aplazar la aplicación" de la norma, a lo que Rodríguez Santa replicó que hasta que se oiga a todos los sectores relacionados con este medio de transporte "cosa que no hizo el PP para elaborar la ley".
RECURSO Además, el diputado socialista desveló que la Junta había aprobado en el Consejo de Gobierno del 10 de febrero presentar un recurso de inconstitucionalidad contra ocho artículos de la norma. Este recurso, junto con los de Cataluña, Aragón, Asturias y Castilla-La Mancha, ha sido ya admitido a trámite.
Los aspectos de la ley cuestionados por el Gobierno extremeño aluden, sobre todo, a las competencias que se arroga el Ministerio de Fomento en cuestiones como la declaración de red ferroviaria de interés general, limitación de la edificación en las proximidades de las vías u otorgamiento de las licencias a las empresas que aspiren a prestar el servicio.
Asimismo, el Ejecutivo regional no admite que sea Fomento quien decida, en el caso de las líneas deficitarias, la clausura de los tramos, y que de pretender los gobiernos autonómicos o ayuntamientos que permanezcan abiertas, deben comprometerse a financiarlas.
