Las víctimas de actos terroristas tendrán la condición de colectivo preferente en todas las políticas públicas de vivienda y se les podrá otorgar «prioridad sobre cualquier otra persona solicitante» si la situación así lo requiere, según contempla el borrador del anteproyecto de Ley de Apoyo y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo que tramita la Junta de Extremadura. El texto, que se acaba de publicar en el portal de transparencia para iniciar el trámite de alegaciones, contempla además la creación de una «tarjeta identificativa» de víctima del terrorismo para todas aquellas personas a las que se le haya reconocido esta condición, «a fin de agilizar los procedimientos» tanto para la obtención de ayudas como de prestaciones».

El anteproyecto consta de 44 artículos estructurados en ocho títulos y el objetivo es «prestar asistencia, rendir homenaje y expresar el mayor reconocimiento posible» a las víctimas del terrorismo», recoge el artículo 1. Para brindar esa asistencia, contempla indemnizaciones por daños físicos o psíquicos (aunque no fija una cuantía); y la reparaciones de los daños materiales de las viviendas, sedes (de empresas, partidos políticos, sindicatos o cualquier otro colectivo) o vehículos que se hayan visto afectados por un acto terrorista. Además plantea también subvenciones para la instalación de elementos de seguridad en aquellos casos en los que exista «acoso, amenaza o coacción vinculada a actuaciones terroristas».

El texto contempla acciones asistenciales que abarcarán el ámbito sanitario (asistencia sanitaria y psicológica), educativo (exención de tasas para la expedición de títulos), laboral (acciones específicas en los planes de reinserción laboral o para el acceso al empleo público, entre otras medidas), y plantea beneficios fiscales en el ámbito de los tributos propios y de los tributos cedidos para todas las personas que tengan la condición de víctima. El borrador contempla que el nuevo marco normativo será de aplicación para todas la personas afectadas por actos terroristas desde el 27 de junio de 1960, fecha del primer atentado de ETA.

Para la Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo (Asexvite), la nueva ley «supone un cambio de la noche al día, porque ahora se crean herramientas de ayuda de verdad», señala José María Antón.

Por su parte la responsable de la AVT en Extremadura, Inmaculada Sánchez, lamentó que no se les hubiera dado participación en la redacción del anteproyecto. «Tendrá que estudiarlo nuestro gabinete jurídico», afirmó.