La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, resaltó ayer que, a tenor del informe del Tribunal de Cuentas de fiscalización de la comunidad en el ejercicio 2014, se evidencia que el anterior gobierno autonómico del popular José Antonio Monago «no actuó bien» en materias relacionadas con la contratación, en aspectos como el empleo de contratos de obras y servicios. En concreto, se refierió a la contratación de personal por parte de determinadas sociedades, fundaciones y consorcios públicos autonómicos, tanto por «no» acreditar las razones urgentes e inaplazables que motivaron dichas contrataciones, como por la «concatenación de contratos temporales».
«En aquello donde el tribunal dice que las cosas no se hicieron bien es que no se hicieron bien... hay que mejorar», espetó la consejera durante una comparecencia ayer viernes en comisión en la Asamblea a petición propia para exponer el informe en cuestión.
En concreto, apunta que el Tribunal de Cuentas en el informe relativo a fiscalización de la comunidad en 2014 «pone de manifiesto la utilización indebida de contratos de obra y servicio para amparar relaciones de naturaleza indefinida que para la administración supuso el pago de 199.000 euros en concepto de indemnizaciones», así como que «también supuso el reconocimiento de relaciones laborales indefinidas que afectaron a 140 trabajadores, a los que hay que sumar otros 29 del Servicio Extremeño de Promoción a la Autonomía y Atención a la Dependencia».
En la misma línea, incidió en que -en virtud del citado informe- Extremadura Avante y Servicios Avanzados a Pymes y Extremadura Avante realizaron 28 contrataciones en 2014 de personas a través de contratos temporales de obras y servicio «sin acreditar adecuadamente las razones urgentes inaplazables que las motivaran». Además, señaló que el Tribunal de Cuentas apunta que «en la misma situación» se encontraban en 2014 tres fundaciones autonómicas, así como que por otra parte tres sociedades públicas y cinco consorcios transformaron los contratos de 140 trabajadores temporales en indefinido «debido a la concatenación de los mismos».
En este punto, sobre el análisis de gestión, dijo que «probablemente» del informe del tribunal sea el apartado que «mejor pone de manifiesto la imperiosa necesidad de adoptar medidas para evitar o reconducir situaciones que resultan gravosas, irregularidades o ambas cosas».
Por otra parte, Blanco-Morales, resaltó el «compromiso» del actual Ejecutivo regional de «mejorar» el empleo de las encomiendas de gestión en las contrataciones y emplazó a los grupos parlamentarios para «profundizar» en dicha cuestión, que a su juicio está sometida a «una necesaria revisión» por parte de las administraciones en el contexto de sentencias emanadas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así, invitó a los grupos a utilizar los informes del Tribunal de Cuentas como «ejercicio de reflexión» y de «confrontación» para «mejorar», así como «garantizar y sustentar» el servicio de la Función Pública extremeña.
