Seis años después, José Luis Viñuela, Juan Cerrato y José Villa se sientan en el banquillo de los acusados. Los exaltos cargos socialistas deberán responder a partir de mañana ante el juez por las supuestas irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la Institución Ferial de Extremadura (Feval), prácticamente desde la creación del consorcio en 1985 hasta el año 2011, cuando fueron apartados de sus cargos. La Fiscalía les acusa de varios delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad de documento mercantil, por los que solicita penas de 21,5 años de cárcel para Viñuela (exdirector general), 11,5 para Cerrato (exadministrador) y 9,5 para Villa (exsubdirector). Unas condenas a las que suman además 65,47 y 14 años de inhabilitación y multas de 16.290, 9.720 y 6.570 euros, respectivamente.
La vista oral arrancará mañana a las 9.30 en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz, con sede en Mérida. Se trata del caso de corrupción más sonado de los últimos años en Extremadura y la expectación es máxima: PP y Podemos llevan ya varios días azuzando al PSOE y para mañana hay previstas manifestaciones a las puertas del palacio de justicia emeritense movidas por colectivos como IU. Los populares llevaron al pleno del pasado jueves una pregunta sobre el tema y han exigido al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que «asuma su responsabilidad y pida perdón de una vez». Por su parte, Podemos apunta que Feval demuestra que en Extremadura «también hay casos escandalosos de corrupción, con importancia suficiente para trascender y cobrar notoriedad a nivel nacional».
El juicio durará cuatro días, hasta el jueves. Arrancará mañana a las 9.30 horas con el interrogatorio a los tres acusados y continuará el martes con las declaraciones de los testigos. Son 20 y entre ellos se incluyen trabajadores de la institución o quien asumiera la dirección de Feval en septiembre de 2011 (ya bajo el Gobierno del PP), Enrique Barrasa. Asimismo, se analizarán las pruebas aportadas por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) y las auditorías encargadas por la Junta sobre las cuentas de Feval a las consultoras ATD y Deloitte ante las sospechas de que se estaban cometiendo irregularidades. La primera de ellas fue encargada por el anterior Ejecutivo de Fernández Vara en 2008-2009, pero lo que ocurría en la institución no salió a la luz hasta la primavera de 2011, a raíz de la denuncia que formuló el PP.
Doble contabilidad
Viñuela, Cerrato y Villa quedaron en libertad bajo una fianza de 270.000 euros para cada uno tras ser detenidos en mayo de 2013 junto a otras cuatro personas implicadas en la causa. Los arrestos se produjeron en el marco de un gran despliegue que llevó a cabo la unidad especializada de la Policía Nacional y que incluyó registros en los domicilios de los acusados en Don Benito y el chalé que José Luis Viñuela y José Villa poseen en una finca de Navalvillar de Pela, cerca del embalse de Orellana la Vieja.
En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía considera probado que los tres exdirectivos llevaban años cometiendo irregularidades al frente de la institución ferial. Entre ellas una doble contabilidad que llegó a arrojar un desfase de casi 182.000 euros entre los años 2005 y 2009 que desaparecieron de la caja de Feval, aunque no consta que se hayan desviado a las cuentas de los afectados.
Así, según se describe, en la hoja Excel en la que se anotaban las operaciones de caja, bajo la denominación «A caja Juan», se apuntaban las cantidades en efectivo que se entregaban de forma directa a Juan Cerrato, el administrador, y que este trasladaba a su vez a la caja de caudales que tenía en su despacho sin firmar ningún justificante. Al cierre de las cuentas de 2009, Cerrato habría ordenado suprimir de la contabilidad varios asientos «con la finalidad de que el saldo de caja resultante cuadrase con el dinero efectivo existente».
El ministerio público insiste en que toda esta operativa era dirigida por Cerrato «amparándose en la relación de superioridad jerárquica con respecto a los empleados», pero con el conocimiento y consentimiento del director general, José Luis Viñuela, «quien rubricaba la manipulación haciendo propia la contabilidad oficial alterada para presentarla a la Junta Rectora».
Jacuzzi y obras de arte
Pero hay más irregularidades, pues el fiscal también considera que Viñuela y Villa hicieron uso delictivo de los fondos y trabajadores de Feval. Viñuela disfrutó de asistente y chófer personal a pesar de que no estaba establecido así en la relación de puestos de trabajo de la institución, trabajo que ocupó un peón de mantenimiento de Feval que dejó de hacer sus labores para tal fin.
También se acusa a ambos de dar órdenes para utilizar a empleados de Feval, como jardineros y peones, en la realización de labores de mantenimiento en su finca del embalse de Orellana. Además, pese a que el consorcio arrastraba pérdidas superiores al millón de euros y que su continuidad dependía de las aportaciones de los entes públicos, «se habría operado una importante inversión en la adquisición de obras de arte (cuadros), algunas expuestas en las propias instalaciones».
Por otra parte, el ministerio fiscal hace constar como los técnicos de administración recibieron órdenes para fraccionar el contrato de la puesta en marcha del centro de emprendimiento TIC de Feval, dotado con 1.373.440 € y cofinanciado en un 75% por fondos Feder. La fase I de las actuaciones se dividió en tres expedientes de contratación (con importes de 49.500, 42.000 y 36.1000 €) que presuntamente resultaron ser «una falacia», pues en su desarrollo se cometieron múltiples irregularidades, convirtiéndose en una mera cobertura formal para su adjudicación a la empresa Everis.
Además, aprovechando la construcción de ese centro TIC y mediante una modificación del proyecto inicial que no consta que fuera aprobado por la Junta Rectora, se construyeron un jacuzzi, una piscina o una pista de squash, desconociéndose el uso que pretendía darse a las mismas y si eran acordes con la finalidad de la institución.
Los servicios de asesoramiento para este centro TIC; la limpieza con Clece (más de 170.000 euros anuales) o el montaje de ferias con Gamma XXI (más de 465.000 euros en el año 2008) son otros de los servicios cuyos contratos habrían incurrido en irregularidades.
