Tanto el Gobierno catalán como representantes de los partidos que lo sustentan eligieron el día de ayer para presionar en la negociación del nuevo modelo de financiación. El más contundente en esta línea fue el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, que amenazó con vetar los presupuestos estatales en el Senado si antes de que se voten no hay "un modelo de financiación justo, satisfactorio y equitativo".
Mientras, el portavoz del PSC, Miquel Iceta, señaló que sería "inconcebible" que el acuerdo sobre financiación no se cierre en lo que quede de año. Iceta fue más allá y propugnó una reforma de la propia ley que regula la financiación de las comunidades autónomas.
Por su parte, el consejero de Economía del Gobierno catalán, Antoni Castells, insistió en que el criterio para el reparto de fondo sea el de la población corregida por la inmigración y los "costes diferenciales". Castells se reunió ayer con el consejero gallego de Economía, José Ramón Fernández, que se inclinó porque el modelo tenga en cuenta variables como el envejecimiento y la dispersión.
Desde el Gobierno central, el secretario de Estado de Asuntos Constitucionales, Francisco Caamaño exigió una cláusula que obligue a las regiones a dedicar los fondos de nivelación a servicios básicos como sanidad o educación.
