CCOO y UGT de Extremadura se oponen a una subida de impuestos en los Presupuestos Generales del Estado para 2010 y solicitan al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, una política de corrección fiscal regional que armonice los impuestos en función de los umbrales de renta.
Según la agencia Efe, el secretario general de CCOO de Extremadura, Julián Carretero, destaca que el Ejecutivo de Fernández Vara debería corregir el déficit fiscal del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a través de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, una medida que debería de prestar especial atención a las políticas sociales.
Carretero aboga por una política fiscal que armonice en su globalidad, algo que no se consigue "parcheando dos o tres impuestos y dejar algunos sin tocar".
En este sentido, Francisco Capilla, secretario general de UGT en Extremadura, destaca la importancia de profundizar en políticas sociales y medidas que se alejen de una sobrecarga de impuestos indirectos a los que menos tienen.
Carretero subraya que el déficit económico extremeño se puede incrementar en 2013, cuando finalicen los fondos europeos, y pide a Fernández Vara que "trabaje con más seriedad" y "ponga encima de la mesa" el proyecto de presupuestos generales de la comunidad autónoma.
También critica las declaraciones de la consejera de Igualdad y Empleo, Pilar Lucio, que ha señalado que no todos los extremeños que han agotado sus prestaciones por desempleo han solicitado la ayuda de 420 euros y considera que puede ser que haya personas que no tengan una "necesidad imperiosa" ni interés en participar en el itinerario de formación que implica.
En su opinión, Lucio debería de plantearse si el problema reside en que se trata de una "medida restrictiva" que sólo ha beneficiado, hasta ahora, a las personas que fueron al paro desde agosto.
Una vez que entre en vigor la modificación de la ley, para beneficiar a las personas que han agotado su subsidio desde el 1 de enero, se experimentará una subida considerable, ya que en Extremadura hay unas 17.000 personas que no reciben ninguna clase de prestación, ha concluido.
