Representantes de CCOO y UGT a nivel regional pidieron ayer al Gobierno que autorice más empleo público, para poner freno a la temporalidad, así como la vuelta a las 35 horas semanales en la Función Pública. Marisol Salazar, de CCOO, confía en que haya «coherencia» por parte del Ejecutivo central con respecto a la vuelta a las 35 horas semanales, ya que no se puede estar en situación de «conflicto permanente y de judicialización de la negociación colectiva».