Un grupo de mujeres acompañan a otras tantas niñas entre cánticos. El ambiente festivo no deja augurar lo que acontecerá. Las más pequeñas piensan que van a una fiesta. No saben que la cantinela es la excusa para camuflar los gritos de unas y otras. Entre esas apariencias de júbilo, con apenas siete años se enfrentan una ceremonia que les dejará secuelas para el resto de sus vidas. El ritual de la ablación cambia en Burkina Faso, Egipto, Gambia, Irak, Indonesia, Senegal o Kenia, pero alcanza idénticas consecuencias.
Aunque está penada y estipulada como delito, la mutilación genital femenina, considerada una de las prácticas más bárbaras contra la mujer, sigue practicándose en al menos una treintena de países, la mayoría africanos. Consiste en extirpar el clítoris de la mujer para evitar el placer sexual en la mayoría de los casos, debido a motivos culturales. Flor Fondón, responsable de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura detalla que es «una costumbre ancestral ligada a ritos de purificación que no tienen nada que ver con la religión, ahí pasan a ser mujeres».
Costumbre o no, «es una bestialidad», sentencia Fondón. Con este calificativo Extremadura declara la guerra a la ablación en el día internacional contra esta práctica que se celebró ayer lunes. Según los datos oficiales que maneja la Junta, en Extremadura hay 651 personas inmigrantes, entre mujeres, niñas y hombres, susceptibles de sufrir o inducir a la mutilación genital femenina. Por este motivo, la región presenta un protocolo para defender a las menores cuando vuelvan a su país si sigue vigente una práctica que Elisa Barrientos, directora del instituto extremeño de la mujer califica como «la principal violación de los derechos humanos para una mujer».
Extremadura es la cuarta región del país por detrás de Aragón, Navarra y Cataluña que incorpora un instrumento para luchar contra la mutilación femenina. De momento, la región no registra ningún caso relacionado con esta cuestión, pero Fondón detalla que «lo normal es que las niñas que han emigrado sean mutiladas cuando regresan a sus comunidades durante las vacaciones». Por esta razón, el proyecto tendrá una función preventiva y serán profesionales los que actuarán de oficio cuando se detecten indicios de riesgo. Así, en cuanto un profesor o un sanitario advierta alguna señal, derivará una nota a Atención primaria para que reúna a su familia y les disuada de someter a sus hijas a esta práctica a través de un compromiso firmado. Puede ocurrir que la propia familia no acepte la intervención de los profesionales ni rubrique el acuerdo. En ese caso, serán los servicios de protección de menores los que entrarán en el proceso para «interponer medidas de urgencia para evitar ese viaje o incluso para asumir la guarda si fuera necesario». El proyecto también contempla formación para profesionales. Barrientos instó también a que se incluya en el catálogo de servicios sanitarios la cirugía reconstructiva.
Ayudar sin «criminalizar»
Uno de los detalles que destaca Flor Fondón sobre el protocolo es la sensibilización de las familias sin «criminalizar» su actitud. «Hay que tener en cuenta que las mujeres que la sufren o la practican lo hacen porque consideran que es un ritual, no son conscientes de lo que puede acarrear», añade. En esa pausa nombra a Waris Dirie, una modelo somalí que narró en su biografía su mutilación en la infancia. La madre de Waris estaba en contra, pero tenía que asumir la práctica para que su hija pudiera casarse. «Hay que inculcarle a esas mujeres que la pureza de sus hijas no está sujeta a la ablación», sostiene.
La misma Waris llegó a mencionar en alguna entrevista que tardaba hasta quince minutos en orinar. Al hilo, Fondón enumera efectos que pasan desde «infecciones urinarias, hemorragias, secuelas físicas, psicológicas, dolor en las relaciones sexuales y durante la menstruación».
Amnistía Internacional estima que hasta 140 millones de mujeres han sufrido esta «tortura» en todo el mundo. De ellas, 44 millones no superan los 14 años. En países como Somalia, un 98% de niñas están mutiladas, en Egipto hasta un 91% y en Sierra Leona, hasta un 88%. En el caso de España, Unicef calcula que 17.000 niñas en España están en riesgo de sufrir esta situación.
