El gasto corriente financiero, las deudas a favor de terceros impuestas por sentencias judiciales y «problemas» en la certificación de los fondos europeos fueron parámetros que marcaron el déficit de Extremadura en 2016, un 1,61% de su PIB. Estas tres «incertidumbres» influyeron en el déficit extremeño, afirmó ayer el interventor general de la Junta de Extremadura, Agustín González, ante la comisión de hacienda y presupuestos de la Asamblea.
González compareció ayer ante la comisión parlamentaria a petición del Grupo Popular, que consideró la necesidad de que el Gobierno regional explicara el déficit de Extremadura en el pasado año, «el segundo más alto de todas las regiones y el doble del dato” de la media española, situado el 0,82 %», recordó Hernández Carrón.
Según el interventor, en dicho déficit influyeron varios aspectos o parámetros, entre ellos «algunos problemas» a la hora de certificar fondos procedentes de la UE, una cuestión que todavía exige una definición más concreta. Asimismo, ha incidido en las deudas económicas procedentes de sentencias judiciales a favor de terceros, en alusión a autos judiciales relacionados con las compañías eléctricas, así como en el gasto corriente financiero. No obstante, ha remarcado que frente al déficit de 491 millones de euros en 2015, se pasó a los 285 millones de euros en 2016, una reducción superior a los 200 millones.
En su intervención, Hernández Carrón ha asegurado no entender por qué el jefe del Ejecutivo, Guillermo Fernández Vara, dijo que «se habían cuadrado las cuentas» cuando Extremadura arrojó el segundo déficit más alto de las comunidades autónomas y el doble de la media regional. A su juicio, la Junta tiene tres «serios problemas» en materia económica: falta de control del gasto publico, especialmente en su ejecución; disfunciones a la hora de certificar los fondos europeos y falta de rigurosidad en el seguimiento de los objetivos tanto del Plan Financiero como en de Ajuste.
