La reforma del Estatuto de Extremadura supera un escollo más. El Congreso de los Diputados aprobó ayer la propuesta, con los únicos votos en contra de IU, ICV y UPyD, que pasará ahora al Senado para su tramitación definitiva. Tras la amplia mayoría conseguida --326 votos a favor, 14 en contra y ocho abstenciones--, la norma regional --la novena que llega a las Cortes desde 2004 y la séptima que prospera-- podría entrar en vigor antes de los próximos comicios.

La propuesta de reforma llegó a la Cámara Baja hace un año con el consenso de los dos partidos con representación en la Asamblea extremeña, PP y PSOE, un gran acuerdo que también quedó plasmado durante la tramitación en el Congreso con la incorporación de varias enmiendas técnicas y de una nueva redacción del apartado dos de la disposición adicional segunda.

En la presentación del Estatuto, el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, hizo hincapié en la "normalidad democrática" que supone la aprobación de este texto porque lo "normal es que las leyes puedan reformarse para adaptarse mejor a las nuevas circunstancias y a los nuevos desafíos". A su juicio, lo que necesita el Estado autonómico son "mejoras en el perfeccionamiento de sus estructuras" y no un "retroceso en el autogobierno de las comunidades". Por su parte, los portavoces del PP y PSOE, Mariano Gallego y María Antonio Trujillo respectivamente, coincidieron en valorar el "consenso" alcanzado pese a la demora en su tramitación.

200 MILLONES EXTRAS El retraso se ha debido fundamentalmente a la nueva redacción del apartado dos de la disposición adicional segunda, que establece que, "con el objeto de acelerar el proceso de convergencia de la región con el conjunto nacional, el Estado realizará cada año, por un periodo de siete, inversiones complementarias del 1% del PIB regional", que supone una inyección extra de unos 200 millones anuales. Al respecto, el presidente regional del PP, José Antonio Monago, abre un nuevo frente político al reclamar que esta partida comience a materializarse el año próximo y que no se deje para el 2012. En este sentido, ofrece su apoyo al Gobierno extremeño para luchar para que así sea.

"La diferencia es tenerlo por escrito y prometido, y tenerlo prometido e ingresado en la Hacienda regional en 2011", manifestó el popular. Por ello, insistió en que debe ser el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, quien reclame las modificaciones oportunas en el Presupuesto General del Estado de 2011.

EN CONTRA Pese a que la enmienda de BNG para que el texto reconociera oficialmente la existencia de una variante del gallego-portugués, A-Fala, y de portugués de Olivenza fue rechazada, el diputado de esta formación apoyó ayer la reforma. No fue el caso de IU, cuyo ponente, Gaspar Llamazares, defendió sus 17 enmiendas alegando de nuevo que la norma extremeña es una "oportunidad perdida" porque "prácticamente se queda en el mismo sitio". También se opuso la diputada de UPyD, Rosa Díez, que tildó de "despropósito" parte del contenido del Estatuto por suponer un "despilfarro" en momentos de crisis. "Con esto no se resuelven los problemas de los españoles", señaló. También Joan Ridao, portavoz de ERC-IU-ICV, expresó su rechazo a la reforma que, a su juicio, pretende excluir de las elecciones a la izquierda abertzale porque piensa que el estado de derecho "no puede violentar" sus propios principios, ni siquiera para dejar fuera a aquellos que en el pasado lo hicieron.

Concluida otra parte del proceso el nuevo texto dará "respuesta a la demanda de los ciudadanos" y aportará "tranquilidad" al resto de españoles porque "no va a suponer más un gasto aunque suponga mayores ingresos para Extremadura", declaró el portavoz adjunto de los socialistas en el parlamento extremeño, Francisco Macías.