El consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, explicó ayer que actualmente la Junta está trabajando en un plan de regeneración para el empleo en la comarca de Aguablanca tras el cierre de la mina de níquel, una iniciativa para la que se ha pedido «colaboración» al Gobierno central. Navarro afirmó que aunque será «muy difícil» paliar en su totalidad la pérdida de empleo en la zona, «lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas». En este sentido, el consejero avanzó que la Junta podría compartir próximamente este plan con agentes locales y otras administraciones. Para conseguir este objetivo, se ha pedido también colaboración al Gobierno de Mariano Rajoy como «una parte importante de la solución».
Tanto Navarro como el alcalde de Monesterio, Antonio Garrote, explicaron que los trabajos para la puesta en marcha de este plan «están bastante avanzados». El regidor municipal consideró que el Gobierno central «debe apoyar de forma importante este plan de regeneración». Garrote recordó que según el contrato de adjudicación a Río Narcea, el Estado se lleva un porcentaje de los beneficios de la mina, con lo que «habrá que ver qué cantidades ha recibido por este canon que se pagaba en función a la producción», con la intención de que «si no todo, al menos una parte» pueda revertir en la comarca.
NUEVA REUNIÓN / El consejero de Economía e Infraestructuras realizó ayer estas declaraciones tras reunirse el pasado miércoles en Madrid con la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García. El titular extremeño insistió en que el retraso de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la mina de Aguablanca es responsabilidad del ministerio y consideró «inaceptable» la respuesta que ha obtenido de este departamento sobre el retraso que acumula la DIA, pues se alegan causas «puramente técnicas». Navarro dijo estar «cansado» de oír esta respuesta.
«En ningún momento he escuchado ninguna voz para que haya que interferir en el trabajo de los técnicos», dijo el consejero, que precisamente respetando esos criterios técnicos, insistió en que «hay unos responsables políticos que tienen que exigir que los procedimientos administrativos se desarrollen con la máxima diligencia», sobre todo cuando hay actividades económicas de por medio.
Mientras tanto, el ministerio sigue sin dar un plazo aproximado para emitir la DIA e incluso no descarta pedir nuevos requerimientos de documentación a la empresa una vez que se analice la última información que se solicitó. «¿Hasta cuándo? ¿Indefinidamente?», se preguntó el consejero ante esta situación, Y una vez más reiteró que «sin interferir en los procedimientos técnicos, hay que establecer procedimientos administrativos ágiles, que den respuesta en plazos muy cortos a los proyectos de inversión».
Cabe recordar que el futuro de la explotación minera de Monesterio, que pasa por la extracción de níquel a través de galerías subterráneas, sigue dependiendo de los permisos ambientales. Una vez concedidos, Valoriza Minería «valorará el precio del níquel y tomará sus decisiones».
