Contratados por la empresa pública Gisvesa anunciaron ayer que en los próximos días emprenderán acciones civiles y penales contra el Grupo Popular en la Asamblea y contra el diputado popular José Ángel Sánchez Juliá. Estas acciones serán emprendidas por los 19 trabajadores incluidos en el listado facilitado a los medios por Sánchez Juliá en la rueda de prensa en la que alertó de «enchufismo socialista» en Gisvesa. Así, estos trabajadores consideran que estas declaraciones son «falsas y exceden del ámbito político», puesto que la mayoría de ellos «no tienen responsabilidad ni cargo alguno en ese ámbito», expusieron en nota de prensa.

Además, añadieron que las mismas suponen «un atentado grave a su honor», ya que hay trabajadores que tienen una «larga trayectoria profesional en la empresa privada y que ostentaron puestos de responsabilidad hace 15 años».

«Las palabras del diputado popular conllevan acusaciones de delitos tan graves como el de tráfico de influencias que jamás han cometido, puesto que su participación en los procesos seguidos por Gisvesa para sus contrataciones fue correcta y se rigió por los principios de igualdad, mérito y capacidad que esos procesos exigen», apuntaron.

Asimismo, insistieron en que «todos» se inscribieron en una oferta de empleo publicada en la web de la empresa pública a mediados del 2016 y realizaron una entrevista de trabajo y una selección de personal basada en sus curriculums y en su formación.