El sindicato CSI-CSIF de Extremadura culpa a la Administración regional de la "mala imagen" que la sociedad tiene de los funcionarios y propone como solución poner fin a la "politización" que rige la principal empresa de Extremadura, que da trabajo a 43.000 empleados, en favor de una mayor profesionalización.
El presidente regional del sindicato, José Fernández, en una entrevista con Efe, explicó que la percepción del funcionario como una persona que "tiene un puesto seguro, no da un palo al agua y va bien trajeado" desaparecerá el día en el que "los políticos se conciencien de que no pueden tener la Administración a su servicio".
Por ello, indicó que su sindicato lucha por una "dignificación" del trabajo en la Administración ya que los empleados públicos son responsables en su trabajo, a excepción de algunos casos "más vagos" que también se registran en las empresas privadas.
No obstante, insistió en que la "mala imagen" del empleado público que tiene la sociedad se debe a que la Administración "es una empresa politizada" en la que, a partir del jefe de servicio, todas las puestos son de libre designación.
En su opinión, hay que reformar el sistema de la función pública extremeño, que es "anacrónico", porque "todo va unido al desempeño del puesto de trabajo sin tener en cuenta la preparación del trabajador".
"A los funcionarios se los ha dejado de lado en casi todo y si la Junta no los tiene en cuenta, cómo los va a tener la sociedad", se preguntó Fernández, quien abogó por una administración profesionalizada.
Para ello, consideró vital mejorar sus condiciones laborales y retributivas --pues, según dijo, los extremeños son los funcionarios peor retribuidos en comparación con el resto de las regiones-- ya que "ser funcionario no es un privilegio", pues el único motivo por el que miles de aspirantes se presentan a la oferta de empleo de la Junta es "única y exclusivamente de seguridad".
Por otra parte, el presidente de CSI-CSIF esperó con el día en que el Estado transfiera las competencias en materia de Justicia a las comunidades mejoren las condiciones laborales del sistema judicial extremeño.
