Un total de once comunidades autónomas contemplan algún tipo de beneficio para sus expresidentes a través de indemnizaciones por dejar el cargo, pensiones o puestos retribuidos en los consejos consultivos de cada autonomía, según desvelan los datos recabados en los Ejecutivos regionales. Además, la mayoría de ellos cuentan con una oficina a su servicio, coche oficial con chófer y dos o tres personas a su cargo.
Los casos más llamativos son los de Cataluña, País Vasco, Andalucía, Extremadura y Galicia, que prevén para sus expresidentes asignaciones mensuales proporcionales al tiempo que han permanecido al frente de los Ejecutivos autonómicos.
En el caso extremeño se contempla la posibilidad de percibir una asignación equivalente al 80% del sueldo del presidente de la Junta, a la que el expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra renunció para reincorporarse a su puesto como profesor. Pero además, cuando los expresidentes extremeños lleguen a los 65 años tienen derecho a recibir una pensión permanente que corresponde al 60% del sueldo como presidente.
En Cataluña la asignación mensual también corresponde al 80% del sueldo del presidente de la comunidad, de manera que el expresident José Montilla, que cobraba 170.000 euros en el cargo, pasará a recibir alrededor de 136.000 euros durante los próximos años. Para sus actividades como expresidente catalán, Montilla está ultimando la apertura de su oficina en el Eixample de Barcelona, el mismo barrio elegido por sus predecesores Jordi Pujol y Pasqual Maragall.
En el caso de Euskadi, los que han sido presidentes del Gobierno vasco mantienen la consideración de lehendakari durante toda su vida. Además, una vez que dejan de estar al frente del Ejecutivo, mantienen una pensión vitalicia que supone la mitad del sueldo que cobre el presidente del Gobierno vasco en ese momento. De esta forma, según se especifica en los Presupuestos Generales del País Vasco del 2010, los tres lehendakaris que ya no están en el cargo --Juan José Ibarretxe, José Antonio Ardanza y Carlos Garaikoetxea-- perciben 48.759 euros anuales.
En Andalucía los expresidentes también tienen derecho al 60% del sueldo una vez cumplidos los 65 años. De esta manera, los ex presidentes no podrán percibir una pensión que supere los 45.000 euros. En Galicia, los expresidentes de la Xunta puedan optar por formar parte del Consello Consultivo de Galicia por un periodo máximo de 12 años, lo que les reporta más de 67.000 euros anuales, o por cobrar el 60% del sueldo de presidente durante los dos años posteriores al final de su mandato, lo que supone en torno a 50.000 euros al año. Estas dos vías son incompatibles entre sí.
Puestos consultivos
La incorporación de los exjefes autonómicos a los consejos consultivos de su comunidad se da también en otras autonomías como la Comunidad Valenciana, Asturias, Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León. En estos casos acceden al órgano en calidad de miembros natos y, aunque la retribución no es siempre igual, suele corresponder a la que reciben los consejeros autonómicos. En algunos casos estos puestos son vitalicios, mientras que en otros el cargo se mantendrá hasta cumplidos los 60 o los 70 años. Además, siempre es incompatible con otros cargos públicos.
Por su parte, Navarra y La Rioja establecen indemnizaciones para sus ex presidentes por dejar el cargo. Los exmandatarios navarros, durante un periodo equivalente a la mitad del tiempo que han permanecido en el cargo, con un máximo de 24 meses, tendrán derecho a percibir una prestación económica mensual correspondiente a la doceava parte del 80% del total anual de las retribuciones fijadas para el presidente.
En La Rioja la indemnización corresponde a 45 días por cada año ejercido en el cargo, con un mínimo computable de un año y un máximo de cuatro. Esta prestación es incompatible con otros puestos de trabajo tanto en el sector público como privado, así como la obtención de ingresos procedentes del ejercicio de actividades por cuenta propia.
Sin beneficios
Casos contrarios a los anteriores los encontramos en Baleares, Cantabria, Murcia, Aragón o Canarias, que no regulan en su legislación ningún tipo de compensación para sus expresidentes, aunque algunas de ellas se plantean regular su consideración próximamente.
Es especialmente llamativo el caso del presidente cántabro, Miguel Angel Revilla, que incluso en el ejercicio del cargo ha rechazado llevar seguridad y hace un uso restringido del coche oficial, que solo utiliza para ir a actos y eventos oficiales. Por ejemplo, acude al Gobierno autonómico y al Parlamento regional en su vehículo particular y es famoso por viajar en taxi hasta el Palacio de la Moncloa en sus visitas al presidente.
