Estatuto de Andalucía, artículo 51: "La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta competencias exclusivas sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección del medio ambiente, de las obras públicas hidráulicas de interés general y de lo previsto en el artículo 149.1.22º de la Constitución".
Estatuto de Castilla y León, artículo 75.1: "Dada la relevancia que la Cuenca del Duero tiene como elemento configurador del territorio de Castilla y León, la Comunidad Autónoma asumirá competencias des desarrollo legislativo y de ejecución en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas de la Cuenca del Duero que tengan su nacimiento en Castilla y León y deriven a Portugal sin atravesar ninguna otra Comunidad Autonóma".
En puntos posteriores de este artículo, el texto castellano-leonés alude al respecto al artículo 149.1 de la Constitución, habla de "competencia exclusiva" y añade un elemento más: si el Gobierno decide hacer un trasvase, la Junta de Castilla y León tendrá que emitir un informe autorizándolo.
En ambos casos se da lo que el Consejo Consultivo de Extremadura, con ocasión de la petición de informe que hizo la Junta previa al recurso contra el Estatuto de Andalucía, define como "mutación constitucional al redefinir el reparto de poder en materia de aguas". Es decir, una modificación de hecho de la Constitución: ya no será la Administración central la que defina a quién corresponden qué competencias, sino que los estatutos lo harán por ella.
No se trataría ya de cuánta superficie de cuenca hay en cada región --en el caso Extremeño, 1.411 kilómetros cuadrados de la del Guadalquivir (el 2,45%) y 35 kilómetros cuadrados en la del Duero (0,18%)--, sino de que la gestión de las cuencas está en manos del Ministerio de Medio Ambiente porque necesitan una gestión integral y una política homogénea.
De no ser así, podrían definirse cuatro modelos de gestión para el Guadalquivir (de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia), y nada menos que seis (de Castilla y León, Extremadura, Galicia, Cantabria, La Rioja, Castilla-La Mancha y Madrid) para el Duero, sin contar con que más del 18% de este río está en Portugal, lo que daría lugar a guerras del agua tarde o temprano.
