La policía hace una valoración de la situación a través de un cuestionario. Según los resultados, se decide el nivel de peligrosidad. Y en función de este, qué medida cautelar se pone en marcha para proteger a la mujer. En el momento en que se considera que existe «riesgo objetivo», se activa la orden de protección. Este auxilio institucional también puede solicitarse directamente a la autoridad judicial, al fiscal, en las oficinas de atención a las víctimas o en los servicios sociales.
Suele tener una duración de entre seis meses y dos años. La orden implica, entre otras cuestiones, el deber de informar permanentemente a la víctima sobre la situación procesal del imputado. Por ejemplo, si el acusado de la agresión sale de la prisión.
Las cifras que maneja el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dicen que en Extremadura hay un 26% de mujeres que sufren la violencia machista (una de cada cuatro), que piden esta protección y finalmente les es denegada. Los últimos datos oficiales de este organismo confirman que si en el tercer trimestre de 2017 se iniciaron 217 órdenes, 56 fueron finalmente denegadas.
La media nacional de rechazo está en el 30%. La comunidad con el porcentaje más alto es Cataluña (50%); en el otro extremo, Baleares (10%).
LLAMADA TELEFÓNICA / Desde asociaciones que luchan para erradicar la violencia contra las mujeres, como es el caso de Malvaluna, con sede en Mérida, insisten siempre en poner el foco en esas víctimas que quedan sin esta medida cautelar. Aunque también lanzan críticas hacia el propio sistema, puesto que, aseguran, se da el caso de que hay policías que atienden a más de 20 mujeres a la vez porque en muchas ocasiones la protección consiste en una llamada telefónica semanal.
El año que acaba de terminar ha sido de los más negros en cuanto a crímenes machistas: 48 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y 8 niños muertos a manos también de éstos. Y 27 menores huérfanos. Lo llamativo es que cinco de esas 48 mujeres tenían en vigor medidas de protección.
EN LA COMUNIDAD / La Delegación del Gobierno en Extremadura tiene registrados actualmente 1.563 casos de malos tratos activos en la comunidad (920 en la provincia de Badajoz y 643 en la de Cáceres). Uno de ellos es extremo. Pero además hay otros siete considerados de riesgo alto.
En cuanto a los adolescentes, entre los que la violencia machista crece y alarma, en la comunidad hay 18 menores de edad que necesitan igualmente protección. O lo que es lo mismo, un auxilio policial para evitar que su agresor o agresores (a veces es más de uno) ejerzan sobre ellas violencia física o psicológica o pongan su vida en peligro.
Más datos sobre Extremadura que plasman la realidad sobre la violencia machista: según el portal estadístico del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en 2017 hubo en la región 2.135 denuncias, mientras que las órdenes de protección resueltas y adoptadas fueron 457. De este modo, las cifras dicen que casi el 80% de estas denuncias no desembocaron en una medida cautelar.
