Los desahucios siguen siendo una lacra social de primer nivel. Pese a los esfuerzos políticos, la región registró en los seis primeros meses del año 403 desahucios, es lo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) denomina lanzamientos practicados. Los datos del CGPJ revelan que en el primer trimestre de este año se realizaron 211 desahucios y en el segundo trimestre, 192. Pero la realidad es aún peor, puesto que de enero a junio pasado se iniciaron 566 procesos de ejecución hipotecaria, la primera comunicación antes de llegar a un lanzamiento.
La situación ha variado poco desde que el problema se expandiera por la crisis y la caída del empleo. De hecho, la diferencia en el número de desahucios entre los seis primeros meses de este año y el mismo periodo del año pasado es de un proceso más. En 2014 se registraron 402 lanzamientos, con la orden ya ejecutada de abandono del inmueble, frente a los 403 de este año.
De este total, en lo que va de año se han ejecutado 184 desahucios por impagos de la hipoteca (seis más que en el mismo periodo de 2014); otros 189 por deudas del alquiler (16 menos que en 2014); y otros 30 por otras causas entre la que se encuentran comportamientos incívicos o okupas (son 11 casos más que el año pasado). Lo que sí se ha reducido en este primer semestre del año es el número de ejecuciones hipotecarias, de inicio de esos procedimientos, que ha pasado de 819 en 2014 a los 566 de este año. Pero el problema sigue ahí. "Seguimos en la misma situación", indica Isidro Alvarez, uno de los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Badajoz (PAH), el colectivo antidesahucio más activo de la región. Alvarez considera que no se ha tocado techo todavía. "Siendo optimistas vamos a seguir igual", dice.
VOLUNTAD También parece que ha cambiado la disposición de las administraciones y de algunas entidades financieras. "Ha habido un cambio de voluntad", señala. La PAH está trabajando con la Junta y diversos ayuntamientos para dar una solución viable a cada caso que les llega, que no son muchos. "En cuatro años hemos recibido unos 400 casos y sólo en tres se ha llegado al desahucios". Eso sí, dice que les llegan apenas uno de cada diez procesos.
La PAH ha logrado que siete municipios extremeños sean declarados libres de desahucios: La Roca de la Sierra, Corte de Peleas, Valverde de Leganés, Olivenza, Alconchel, Higuera de Vargas y Villanueva del Fresno e intentan extender la iniciativa al resto de localidades. "Desahucios habrá siempre pero se trata de que las administraciones se impliquen y ofrezcan alternativas. Quién más cerca de un vecino que su alcalde", explica.
La Junta de Extremadura, dice, también se está implicando en la causa. Entre las soluciones que plantea a este problema está una Ley de Emergencia Social de la Vivienda, que debe estar aprobada antes de que termine noviembre. El anteproyecto de ley ya está publicado y contempla medidas para penalizar los desahucios por parte de entidades financieras y el derecho de tanteo sobre esas viviendas si se lleva a cabo el lanzamiento por criterios de valor real o el valor de traspaso de activos a la Sareb. La iniciativa ya la planteó el PSOE en la anterior legislatura.
El Ejecutivo también trabaja en un decreto contra la exclusión social que además de garantizar un mínimo vital de agua y luz a las familias con pocos recursos incluirá ayudas de alquiler para las personas desahuciadas que estén pendientes de la adjudicación de una vivienda social. Busca también aumentar las viviendas en la región acogidas al Fondo de Vivienda Social estatal --solo constan 41 inmuebles-- y acuerdos con la Sareb para aumentar el parque de viviendas sociales.
La PAH destaca la buena disposición de la Administración para acercar soluciones a los afectados por procesos de desahucios pero urge ya hechos. "El problema de fondo es que el ciudadano no está protegido y se siguen haciendo barbaridades con el tema de las hipotecas", avisa. Reclama también la necesidad de que los juzgados ofrezcan apoyo a los afectados y comuniquen directamente los procesos a las administraciones para poner en marcha los mecanismos de ayuda de forma inmediata. Alvarez recuerda que hasta ahora están siendo las familias el principal colchón.
