La totalidad de las plantillas de las seis comisarías de la región, casi cien policías, han participado en la operación Cazar y han dado un duro golpe a la piratería musical y a las redes de inmigración ilegal. Esta actuación se ha realizado en todo el territorio extremeño, con la inspección de forma simultánea en menos de 12 horas de 47 clubs de alterne, coordinada por el jefe superior, Angel Galán. Se ejecutó el pasado día 7 y se saldó con 18 detenidos y la aprehensión de 25 gramolas huchas de reproducción de música y videoclips.
De los detenidos, 17 son mujeres sudamericanas de 20 a 44 años, que estaban en los clubs supuestamente ejerciendo la prostitución, y en situación ilegal. A todas se les ha abierto expediente de expulsión, aunque algunas ya contaban con otros sin resolver. Son dos de Republica Dominicana, una de Perú, otra de Colombia, otra de Marruecos y 12 de Brasil. Las detenciones se realizaron dos en Saucedilla, una en Arroyo de la Luz, una en Cañaveral, dos en Plasencia, tres en Santa Amalia, tres en Puebla de Sancho Pérez y cuatro en Villafranca de los Barros.
LA PROXIMIDAD La policía inició la investigación un mes antes y el día 7 inspeccionó los 47 locales --29 en la provincia de Badajoz y 18 en la de Cáceres--. Los agentes de las comisarías de Cáceres, Plasencia, Mérida, Almendralejo, Villanueva de la Serena-Don Benito y Badajoz actuaron en sus respectivas zonas.
El dispositivo intervino y precintó 11 gramolas hucha --con nombre comercial Jukebox-- que funcionaban en locales de ocho poblaciones, y 14 en un almacén de la empresa distribuidora, Automáticos Cazar S. L., con domicilio en la población cacereña de Deleitosa --la sede está en Vitoria--. Su administrador único, M. F. R., fue detenido acusado de los delitos de piratería y contra la libertad de comunicación. Las diligencias se pusieron a disposición del juzgado de guardia de Cáceres, que decretó su puesta en libertad con cargos.
Angel Galán destacó, como José Luis Pérez, de la Asociación de Gestión de los Derechos Intelectuales (Agedi), que se trata de una operación "innovadora, pionera en España, que se produce fuera del ámbito habitual del pirateo y con una estructura empresarial", que no disponía de licencia alguna para el uso de las gramolas huchas , ni de permiso de explotación de las máquinas, ni de los titulares de los derechos de propiedad intelectual de las producciones musicales con que ambientaban sus establecimientos. Las máquinas emiten música e imágenes de vídeo cuando un cliente echa un euro.
Los agentes intervinieron las 11 gramolas --4 en la provincia de Badajoz y 7 en la de Cáceres-- en dos locales de Talayuela, uno de Arroyo de la Luz, uno de Cañaveral, dos de Hervás, una de Saucedilla, dos de Don Benito, uno de Navalvillar de Pela y uno de Villagarcía de Torres. Estas con las 14 almacenadas tienen un valor de 150.000 euros.
LA INVESTIGACION La policía comenzó a investigar a raíz de descubrir en sus inspecciones habituales de los clubs de alterne para realizar controles en materia de extranjería, unas máquinas que no se habían visto antes.
Al principio desconocían su funcionamiento, pero al informar a la Asociación de Gestión de los Derechos Intelectuales (Agedi), que representa a los productores de música, supieron que se trataba de reproductores de música y vídeo a cambio de un euro. La policía contó con la colaboración de peritos de Agedi en su operación.
Cada gramola hucha tiene en su memoria 400 videoclips y 200 canciones en un repertorio que se puede actualizar mediante lápices de memoria. Tanto la reproducción como las recargas se hacen sin autorización alguna, por lo que el valor de lo defraudado se estima en unos 10.000 euros al año por cada máquina, además de las licencias de comunicación eludidas.
La policía estima los ingresos del administrador entre 7.000 y 12.000 euros anuales por máquina. Los beneficios podrían llegar al millón de euros.
