La policía ha detenido en Extremadura a 23 falsos vigilantes de seguridad, en el marco de una operación a escala nacional que se ha saldado con 55 detenciones hasta la fecha. Del total de arrestos, 12 se han producido en Badajoz y 11 en Don Benito, aunque los detenidos, que habían comprado un título falsificado sin la preparación necesaria, trabajaban para diferentes empresas y en distintos puntos de Extremadura y España. El resto de detenciones han tenido lugar en Madrid, Toledo y Cuenca.
El Ministerio del Interior informó que cinco de los detenidos se encargaban de tareas especialmente sensibles como la custodia de explosivos y otros cuatro eran escoltas privados. En total, los 55 detenidos trabajaban para 30 empresas diferentes. También se da la circunstancia de que algunos de ellos cuentan con antecedentes policiales y penales.
Los trabajadores detenidas por la Policía Nacional acusadas de ser falsos vigilantes de seguridad obtenían el carné que les habilitaba para trabajar gracias a la "deslealtad" de un antiguo empleado de un centro de formación --lugar donde se expedían los diplomas-- que falsificaba estos documentos y, posteriormente y con la ayuda de una decena de intermediarios, los comercializaba por entre 600 y 1.800 euros cada uno de ellos.
Pese a no estar preparados para sus puestos, no consta, según la policía, que haya habido "ningún tipo de irregularidad" en la ejecución de sus funciones.
El jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional, Esteban Gándara, explicó en rueda de prensa que los acusados obtenían de manera casi inmediata el título sin haber pasado ninguna de las pruebas requeridas en cada una de las diferentes ramas de la seguridad, gracias a la ayuda del citado exempleado del centro de formación y de sus colaboradores que ingresaron en prisión en 2011. Asimismo, gracias a la ayuda de las empresas y de los clientes que contrataban a los acusados se pudo proceder a las detenciones, aunque dos de ellos se encontraban trabajando en otros puestos de trabajo.
La mayor parte de los detenidos son españoles y ciudadanos provenientes de Hispanoamérica y del norte de Africa que habían conseguido la nacionalidad española. No obstante, doce de ellos poseían la nacionalidad rumana de origen. A todos ellos, se les acusa de un delito de falsedad documental y de intrusismo.
La investigación sigue abierta y no se descarta que puedan haber más imputados o detenidos por estos mismos hechos.
Inicialmente, distintos medios de comunicación difundieron que uno de los detenidos trabajaba en el control de acceso a la Central Nuclear de Almaraz, aunque a media tarde la policía negó la información y aclaró que se trataba de Zorita de los Canes.
