Dos de las tres empresas que optaron al centro TIC de Feval niegan su oferta

«Alguien consiguió un modelo de oferta nuestra, posiblemente en internet, la modificó burdamente y falseó mi firma», aseguró el administrador de Tuyú, que especificó además que el contenido técnico de esa oferta (se les mostró en la fase de instrucción) «dejaba mucho que desear». Tanto Tuyú como Zemssania eran proveedores de Everis, la compañía que resultó finalmente adjudicataria de los tres contratos que abarcaban la fase I del proyecto.

Fueron un total de 14 testigos los que ayer participaron en la vista que se celebra desde el lunes en Mérida para juzgar la causa, la mayor por corrupción hasta la fecha en Extremadura. Peones de mantenimiento, pintores y jardineros de Feval; representantes de las empresas relacionadas con la fase I del centro de emprendimiento TIC; el asesor de Viñuela para este proyecto; el extesorero del PP extremeño, Teodoro Fuentes, o el interventor adjunto de la Junta de Extremadura entre los años 2007 y 2008, Antonio Carande, se sometieron a las preguntas del tribunal. Una doble contabilidad con un desfase de casi 182.000 euros entre 2005 y 2009; el fraccionamiento de contratos para su adjudicación a dedo o el uso de los trabajadores y recursos de Feval en beneficio propio son algunas de las acusaciones que pesan sobre Viñuela, Cerrato y Villa, para quien la Fiscalía solicita penas de 21,5, 11,5 y 9,5 años de prisión por delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación y falsificación de documentos.

CONTRATO AMAÑADO / Buena parte de la sesión de ayer se centró en la puesta en marcha del centro de emprendimiento TIC de Feval, dotado con un presupuesto total de 1.373.440 euros y cofinanciado en un 75% con fodos Feder. La fase I de las actuaciones se dividió en tres expedientes de contratación por importes de 49.500, 42.000 y 36.1000 euros (127.600 en total) que para la Fiscalía resultan ser «una falacia», ya que «su fin único era la adjudicación directa a Everis simulando la tramitación de los expedientes de contratación».

El Ministerio Público sostiene que se debería haber realizado un procedimiento único para los tres a fin de haber obtenido la mejor oferta posible para la puesta en marcha de esa primera fase. Sin embargo, al dividirlo se siguió un procedimiento negociado sin publicidad, pues resultaban tres contratos cuyo importe no superaba los 60.000 euros, el máximo que marca la ley para este tipo de contratos.

Tanto Tuyú como Zemnssania negaron haber presentado ofertas a la Fase I, aunque la primera sí recibió invitación. Los responsables de ambas coindicieron al afirmar que tuvieron conocimiento de las ofertas que supuestamente enviaron sus empresas cuando las autoridades se las mostraron en la fase de instrucción. Consideraron muy poco probable que otros empleados las enviaran sin su consentimiento y el administrador de Tuyú aseguró incluso que la de su compañía se trataba de una «burda» falsificación a raíz de otros documentos obtenidos en internet.

Por su parte, los representantes de Everis negaron cualquier tipo de irregularidad en el procedimiento. El gerente comercial dijo no recordar si su empresa presentó una sola oferta o tres ni el contenido de los pliegos, y el encargado de elaborar la propuesta señaló que solo se remitió una pero con tres proyectos. Ambos sí reconocieron sin embargo haber mantenido reuniones con Viñuela y Villa antes de que los trabajos se adjudicaran. Por último, el responsable de la oficina de Everis en Sevilla añadió que haber firmado los tres contratos en el mismo día «no es excepcional» en los procedimientos de contratación pública.

En el juicio tampoco se evidenció que existiera relación directa entre Viñuela, Villa y Cerrato con Everis más allá de la declaración de un trabajador del departamento de Informática, que el pasado martes afirmó que «se miraba con buenos ojos» a esta empresa. Además, también el asesor que Viñuela contrató para el seguimiento de la fase I del centro TIC (y cuyo contrato también está en entredicho, porque se firmó por cuatro meses y 18.000 euros, que es el máximo que marca la ley para no dar publicidad a la plaza, y finalmente se le pagaron 36.000 por ocho meses) reconoció ayer ser patrono de la fundación que tiene Everis para difundiar las nuevas tecnologías. Una circunstancia que según declaró no afectó «en modo alguno» a la valoración del proyecto.