Ecologistas en Acción ha denunciado que tanto el Gobierno central como el autonómico están suprimiendo ríos y embalses del catálogo oficial de zonas de baño para ocultar a la Comisión Europea los problemas de contaminación y sanidad que sufren las aguas de estos enclaves, una situación que ha sido desmentida por la Junta de Extremadura.
La organización ecologista ha puesto de manifiesto en su primer estudio Banderas negras en zonas de baño interiores que en los últimos años se han descatalogado en la comunidad autónoma 23 de las 31 superficies de baño incorporadas en el listado oficial que en 1994 elaboraron las autoridades españolas. El motivo, según este colectivo, es eliminar de los informes presentados ante la Unión Europea (UE) las zonas problemáticas por la deficiente calidad de sus aguas. Así, presuntamente se evitarían las presiones y las sanciones comunitarias por el incumplimiento de la normativa vigente en este ámbito y además la Administración mejora sus resultados de control.
Para ecologistas en acción se trata de una "maniobra de manipulación", ya que sigue permitiéndose el baño en ellas e incluso con "un mayor número de bañistas". Recuerdan que la importancia de la catalogación reside en que es la forma de garantizar por ley el control de la calidad del agua y de las medidas de protección contra los riesgos para la salud. En este sentido, advierten que la "calidad higiénico-sanitaria de estas zonas de baño descatalogadas no están bajo los parámetros que marca la legislación y, por tanto, la salud de los ciudadanos que se bañan en ellas no está ni controlada ni garantizada".
LAS ZONAS CONFLICTIVAS Las 23 zonas descatalogadas son: en la provincia de Cáceres el río Tajo en Herrera de Alcántara, el embalse de Alcántara en Garrovillas, el de Gabriel y Galán en Guijo de Granadilla, Valdecañas en Peraleda de la Mata, el Borbollón en Santibáñez el Alto, el Salor en Cáceres, la laguna La Cantera en Alcántara, el río Alagón en Coria y la garganta Jaranda en Jarandilla; mientras que en Badajoz aparecen dos zonas del embalse emeritense de Proserpina, dos más en el Guadiana a la altura de Cheles, dos en el embalse de Brobales en Jerez, el Zújar en Castuera, el Guadiana en Medellín, el embalse de Orellana la Vieja, dos en el de García Sola en Talarrubias y otras dos en el embalse de Zalamea de la Serena.
Desde la Junta aseguran que estas acusaciones faltan a la verdad. Según alegan en la Consejería de Sanidad y Consumo, "lo que se ha hecho ha sido adecuar la declaración de zonas de baño oficiales a la afluencia de los bañistas" y garantizan que se siguen realizando controles sanitarios tanto en las áreas oficiales como en las no consideradas como tales. Asimismo, señalan que están realizando adaptaciones para ajustarse a la nueva directiva europea, que --como ya adelantó este diario el pasado 16 de julio-- permitirá a la Administración prohibir el baño o incluso clausurar las zonas que no cumplan con los parámetros de calidad y salubridad marcados por la Unión Europea.
Pero para Ecologistas en Acción esto no es suficiente. De hecho, recuerdan que desde Bruselas se ha sancionado en "numerosas ocasiones" al Estado español y que en su último informe la Comisión Europea reconocía la mejora de la calidad de las aguas del país, aunque achacaba esta progresión a la descatalogación de las zonas de baño y pedía a las autoridades afrontar el problema de la contaminación en lugar de suprimirlas del listado oficial.
En los últimos años, de acuerdo con los datos que manejan, han sido descatalogadas el 65% de las zonas de baño interiores existentes en España en 1994. Es decir, 365 puntos de baño en ríos y embalses han sido excluidos de los informes que se remiten a Bruselas.
VERTIDOS SIN DEPURAR Las críticas de los ecologistas a la región no terminan ahí. Según afirman, el Tajo y el Guadiana son dos de los ríos españoles que presentan peor calidad en sus aguas. El motivo --explican-- es "la combinación de escaso caudal y fuerte presión industrial, urbana y agro-ganadera". Además, sostienen que la principal causa de contaminación son los vertidos incontrolados y no de aguas residuales, una visión que comparte la Junta. En este sentido, todavía hay medio centenar de municipios extremeños que incumplen la normativa sobre depuración de aguas.
