La Consejería de Educación y los sindicatos asumen ya que no habrá oposiciones este año. La falta de Presupuestos Generales del Estado es el único freno para la convocatoria de 145 plazas de 15 especialidades de Secundaria y Formación Profesional anunciada el pasado diciembre tras ser acordada con cuatro de los cinco sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación. El pronunciamiento de representates del Ministerio el pasado martes durante una comisión en el Congreso ha sacado a la luz una situación con la que la administración contaba aunque esperaba que no se produjera una prohibición expresa. Desde Hacienda se asegura que se impugnarán los procesos selectivos que se convoquen sin presupuestos.

Por ello, la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, considera que el Gobierno central está utilizando las oposiciones para presionar a los partidos de cara a la aprobación de los presupuestos. «La debilidad del Gobierno central se demuestra aquí», dijo. Lo cierto es que un decreto ley del Gobierno central que modificara la prórroga presupuestaria podría haber permitido la convocatoria.

Así las cosas, la consejera se reunirá hoy con los sindicatos para analizar la situación actual y «decidir las medidas a tomar». Esas medidas, tras el freno del Gobierno, son limitadas. «Todo parece indicar que esto no se puede llevar a cabo. No tendría ningún sentido ir en contra de la decisión del ministerio porque estaríamos realizando una convocatoria ilegal», aseguró la consejera ayer a los medios. Insistió en que si la convocatoria sigue adelante «no le haríamos ningún favor a los opositores, interinos o no interinos», dijo.

Cabe destacar que las oposiciones docentes suelen celebrarse en junio para no entorpecer la organización del proceso escolar. Para que los exámenes fueran en esa fecha, la convocatoria tendría que salir antes del 31 de marzo. Según el ministro de Haciencia, Cristóbal Montoro, hasta final de marzo no se prevé que los presupuestas puedan llegar al Congreso.

En esta misma línea, los sindicatos también criticaron ayer los intereses políticos que puede haber detrás de esta decisión y que «desprecian» la ilusion y el dinero de los opositores. Para CSI-F, la decisión del ministerio implica que no pueda seguir adelante con la convocatoria. Desde el sindicato PIDE aseguran que es razonable que no se puedan convocar las oposiciones sin presupuestos y que, lo contrario, «generaría inseguridad jurídica y la posible impugnación». Admite que no tiene sentido seguir adelanten con la pretensión de celebrar las pruebas en Extremadura.

Para ANPE la situación de incertidumbre era «insostenible» y critica que el ministerio «no ha ejercidio el papel vertebrador» necesario en las actuales circunstancias. Desde UGT muestran su descontento por la decisión del ministerio porque considera necesaria la convocatoria para estabilizar las plantillas y dotar al sistema de profesionales «válidos».

Desde CCOO lamentan la obstinación de quienes acordaron las oposiciones sin garantías» y dejando en vilo a miles de opositores». Este sindicato urge renegociar la oferta de empleo para evitar que la convocatoria se limitara solo a 15 especialidades con el perjuicio además del posible efecto llamada de otras comunidades que no tenían previsto convocar Secundaria. Este sindicato apoyó desde el principio así la reclamación de los interinos que llevan desde diciembre pidiendo la paralización de la convocatoria anunciada hasta el 2018, cuando está previsto oposiciones para todas las especialidades de Secundaria y FP.

Integrados en una plataforma, estos interinos se reunieron ayer con miembros del PP regional, el partido que solicitó ayer la dimisión de la consejera por «falta de rigor» y por buscar «excusas» ante una situación que conocía. «En medio están los intereses de miles de oposiciones extremeños que están en una situación de absoluto desconcierto, de indefensión y que están siendo utilizados por la Administración para conseguir titulares y llevar a un camino que no tiene ninguna salida», denunció ayer la portavoz del Partido Popular en la Asamblea, Cristina Teniente.