La consejera de Educación, Eva María Pérez, aclara que "todos los departamentos de la Administración educativa ponen el máximo celo" en que se cumpla lo establecido en el decreto y en la orden de escolarización y espera "que ese mismo celo se ponga por parte de aquellas familias que tengan la más mínima tentación de cometer un fraude" con la documentación.
Según recoge la agencia Europa Press, Pérez destalla que la Consejería de Educación "no tiene que poner en marcha medidas novedosas" para regular el proceso de escolarización porque "se ha avanzado mucho en la transparencia del mismo y es mucho más garantista".
Además, apunta que las oficinas de escolarización, puestas en marcha a petición del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura en el marco del Acuerdo sobre Principios y Objetivos para la Ley de Educación de Extremadura (LEEx), "están mejorando la transparencia de todo el proceso".
No obstante, subraya que se necesita la colaboración de todas las administraciones competentes en el proceso de escolarización "para averiguar si se ha producido un fraude" y añade que "la colaboración de los ayuntamientos es fundamental" en el caso de los empadronamientos.
También indica que las medidas sancionadoras para las familias que cometan fraude "están perfectamente tipificadas" y recuerda que "falsificar un documento público es un delito", por lo que hace un "llamamiento a la responsabilidad" y "cautela" de todas las familias ante el próximo proceso de escolarización.
Eva María Pérez explica que si el objetivo de las familias es escolarizar a su hijo en el centro que han elegido como primera opción, "el objetivo de la Consejería de Educación es que su hijo esté escolarizado en el centro que haya elegido como primera opción" y agrega que el problema "es que cuando un centro tiene 25 plazas y 150 solicitudes", esto es "materialmente imposible".
