Pese a unir sus fuerzas en el Parlamento, el frente PSOE-IU no impedirá la supresión de la paga extra de Navidad a los 95.000 funcionarios de la región. El pleno de la Asamblea debatirá mañana el decreto ley elaborado por la Junta para regular y adaptar a la región la aplicación de esta medida y las nuevas retribuciones por baja laboral que ha dictado el Ejecutivo de Mariano Rajoy y pese a que los dos partidos de la oposición han manifestado ya su intención de votar en contra, su negativa no conseguirá frenar el recorte. Según explican fuentes de la Consejería de Administración Pública, si el decreto elaborado por el Gobierno autonómico no se valida en el pleno, ambas medidas se aplicarán tal y como dicta la norma estatal. De esta forma, tanto los diputados regionales como el personal de libre designación y los puestos de confianza conservarían su paga extra --la norma estatal solo incluye a los funcionarios-- y se aplicaría el umbral más extremo en la reducción de la prestación por baja laboral.
El real decreto ley del Ejecutivo central contempla dos tipos de medidas: las que tienen aplicación directa para todas las administraciones y las que necesitan de un pronunciamiento de carácter regional para su aplicación o, simplemente, elegir entre varias opciones. Estas cuestiones son las que recoge el texto que se debate mañana en la Cámara, que se centra fundamentalmente en fijar a qué colectivos afecta la supresión de la paga extra y cómo se regulan los complementos a percibir en caso de incapacidad temporal. Con respecto al primer caso, la Junta apuesta por dejar también sin extra de Navidad a los miembros del Consejo de Gobierno, altos cargos, directivos de empresas públicas y personal de la Asamblea.
En relación a la incapacidad laboral, se plantea abonar el 100% cuando sean bajas por contingencias profesionales, hospitalización o intervención quirúrgica por enfermedad común. Si es una incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral, durante los tres primeros días la Junta pagará hasta el 50% de las retribuciones del trabajador (la norma estatal no contempla pago en este caso); desde el cuarto día al vigésimo, el 75% (60% el Estado); y desde el vigésimo día abonará la retribución íntegra.
La intención, según explicó el consejero de Administración Pública, Pedro-Nevado Batalla, es ahorrar entre 74 y 80 millones de euros para cumplir con el objetivo de déficit. "El voto negativo a este decreto ley supone un perjuicio fundamental para los empleados públicos. Si ambos partidos votan que no a la convalidación y teniendo en cuenta el carácter básico del decreto 12/2012 aprobado por el gobierno de España y por tanto la aplicación obligatoria del mismo pasará que el trato respecto al cobro de la extra de Navidad no afectará a todos por igual y en el caso de las bajas por enfermedad laboral, la prestación será menor", indica la Consejería de Administración Pública.
Pese a las razones de la Junta, tanto el PSOE como IU mostraron ayer su intención de votar en contra de la validación del decreto. Según recoge Europa Press, el portavoz de IU, Pedro Escobar, aseguró que su grupo no convalidará la medida ya que "los recortes que dependan de la decisión de IU serán frenados y rechazados". Apunta además que los problemas de déficit que puedan generarse si finalmente no fuese convalidado los deberá resolver la Junta. Mientras, el portavoz socialista, Valentín García, ha apuntado que la convalidación "en ningún caso contará con el apoyo" de su grupo, aunque ha añadido que la abstención "queda abierta en función del peso de cada una de las materias" porque sí están de acuerdo en algunas cuestiones y la posición final del voto la discutirán en una reunión interna.
