El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea denunció ayer que el Aeropuerto de Badajoz y otros siete españoles que han recibido financiación comunitaria para su ampliación (Madrid-Barajas, Burgos, Córdoba, Fuerteventura, La Palma, Murcia y Vigo) no han generado los resultados esperados, no son rentables y están infrautilizados. España ha recibido 685 millones en ayudas europeas entre 2000 y 2013 para aeropuertos, el 24% de la inversión de la UE en este tipo de infraestructuras.

El Tribunal sostiene que ninguno de estos aeropuertos tiene perspectivas de rentabilidad. Tres de ellos (Fuerteventura, Madrid-Barajas y Murcia) tienen perspectivas de lograr un equilibrio a medio plazo, pero el resto (Badajoz, Burgos, Córdoba, La Palma y Vigo) registraron pérdidas significativas entre 2007 y 2012 y son "insostenibles". Además, Fuerteventura, Madrid, Vigo, Murcia, La Palma y Badajoz tenían incluso menos pasajeros en 2013 que en 2007. El informe señala en primer lugar que no había ninguna necesidad urgente de ampliar aeropuertos como los de Badajoz (en la que se gastaron 6 millones de la UE) Córdoba y Fuerteventura. Las infraestructuras existentes eran suficientes para hacer frente a la demanda prevista y las ampliaciones están infrautilizadas.

OTROS CASOS En el caso de Córdoba, el Tribunal de Cuentas señala que el tráfico atraído por los cercanos aeropuertos de Málaga y Sevilla, así como la conectividad que proporciona el AVE, limitan significativamente la demanda para este aeropuerto. Sin embargo, las autoridades españolas decidieron ampliar la pista sin ningún análisis o estudio que justificara su necesidad. La ampliación de la pista costó más de 70 millones de euros, de los cuales 12,6 millones venían de la UE. También se extendió el área de estacionamiento de los aviones con un coste de 1,5 millones (810.000 de la UE).

El informe esgrime datos y razones similares en el resto de aeropuertos. Considera que, tras las ampliaciones financiadas con ayudas europeas, las terminales de Fuerteventura, Vigo, La Palma y Badajoz están infrautilizadas. El coste por pasajero adicional en Madrid fue de 32 euros, mucho más alto que los 19 euros utilizados en la fase de planificación. Para Fuerteventura, Burgos, Murcia, La Palma, Badajoz y Córdoba, el coste estimado es más del doble que el previsto. "Esto indica que las inversiones tienen un alto riesgo de no proporcionar un retorno", dice el Tribunal de Cuentas.