La exgerente del Consorcio Extremeño del Transporte Sanitario, Eulalia Fontán, ha dado hoy "mil gracias por su intervención" al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández, al que ya no le "importan" que cien trabajadores se haya ido a la calle tras el cambio de la concesionaria del servicio.

Fontán ha comparecido esta mañana en la Comisión no Permanente de Investigación sobre el Concurso Público del Servicio de Transporte Sanitario Terrestre.

En su intervención final, ha señalado que esta historia podía haber tenido su inicio en el año 2015, en una reunión celebrada supuestamente en la casa de Fernández Vara por los problemas laborales de tres trabajadores de una empresa del consorcio, y "termina -ahora- con cien en la calle".

"El mismo presidente" ha pasado de creerlo todo a no creerse nada y ya "no se inmuta ante la injusticia", ha subrayado la exgerente, que ha dado ánimos a los compañeros despedidos, a los que espera que la justicia les dé la razón.

Fontán espera que le den las "gracias" a Fernández Vara los trabajadores y las personas que han sufrido en sus carnes este proceso "injusto y mal gestionado". Ha puesto en duda que en esta comisión se vaya a aclarar algo, ya que ha recalcado que los diputados han llegado a ella con ideas "preconcebidas" para defender sus intereses políticos. Los comparecientes, a su juicio, son "marionetas" de un "circo" que mueven los grupos parlamentarios.

Fontán ha asegurado que el problema del traspaso del transporte sanitario parte de un insuficiente precio de licitación -40 millones- y ha negado que haya sido fruto de "sabotaje" a la nueva concesionaria, Ambulancias Tenorio, o de una "guerra entre empresas".

En su recurso, estimaron el déficit en unos cuatro millones de euros, lo que fue corroborado por un técnico externo, ha contestado Fontán al diputado del PP, José María Saponi.

A Daniel Hierro, de Podemos, le ha reconocido que fue una "incoherencia" basar el recurso en ese déficit y a la vez ofertar a la baja, lo que advirtió a la asamblea de socios del consorcio, que era la que tomaba la decisión en este asunto, pero "les entró el miedo".

La exgerente ha asegurado que basar el concurso únicamente en el precio acarreaba "peligros potenciales", como luego se ha visto, y ha aclarado que el consorcio nunca quiso un concurso "a su medida", sino que se valorara los puntos en los que eran "fuertes", como ha ocurrido en regiones como Cantabria.

Ha insistido en que enviaron la información necesaria para facilitar el relevo y que la "clave" para garantizar la normalidad en el servicio estaba en el plan de trabajo que dependía de la nueva concesionaria.

Fontán ha tenido sus más y sus menos con el presidente de la comisión, el socialista Francisco Macías, y con la portavoz del PSOE, Ascensión Godoy.

Godoy ha resaltado que a la comisión han llegado hasta cuatro documentos del consorcio, cada uno con un diferente coste del servicio, numero de vehículos y de trabajadores.

La diputada socialista ha advertido de que la oferta del consorcio fue de 2,2 millones anuales menos que la de la adjudicataria.

Tras escucharse en la sala un audio en el que un hombre decía que si se seguía apretando la nueva concesionaria no aguantaba un mes, Godoy ha destacado que esto "evidencia" que se estaba "boicoteando" a la nueva empresa, después de no haber colaborado con ella en el traspaso.