Diversos estudios realizados en los últimos años por investigadores de varios países indican que los transplantes de riñón practicados a personas con discapacidad intelectual tienen resultados positivos. Esto contradice la postura del Servicio Madrileño de Salud, que ha puesto trabas para que Fabio Asensio, un niño extremeño de 7 años con deficiencia psíquica y problemas renales crónicos, reciba el órgano de un donante. Los motivos, según ha esgrimido la sanidad pública madrileña, son los riesgos que puede suponer la intervención y que ésta no servirá para mejorar el nivel de vida del niño.

Una investigación reciente de la Universidad de Ohio (Estados Unidos), publicada en la revista Síndrome de Down , señalaba que el 100% de las personas con discapacidad intelectual que se someten a un transplante renal supera el primer año de vida tras la intervención. Además, de acuerdo con los resultados obtenidos de seis centros hospitalarios de Estados Unidos, Suecia y Canadá, el 90% continúa vivo tres años después. Es decir, la tasa de supervivencia entre estos pacientes es superior a la del resto de enfermos que se someten a la operación.

La investigadora norteamericana Marilee Martens ha recopilado una veintena de estudios sobre las posibles incompatibilidades entre las discapacidades mentales y el trasplante de órganos. La mayoría de ellos concluyen que no existen contraindicaciones para realizarlo si el enfermo puede ser auxiliado por familiares o cuidadores.

En el caso de Fabio, desde el Hospital de la Paz se señala que el trasplante no está médicamente indicado "porque no mejoraría su rehabilitación, socialización y calidad de vida".

ATENCION DE CUIDADORES Martens recuerda que hasta la década de los años 90, la discapacidad intelectual fue considerada como una contraindicación para los trasplantes de órganos. El problema era que se consideraba que estas personas carecían de la capacidad cognitiva indispensable para cumplir correctamente con la medicación que evita que el organismo rechace el trasplante. Sin embargo, Martens apunta que los diversos estudios realizados constatan que los afectados pueden recibir la atención necesaria con el apoyo permanente de familiares o cuidadores.

De momento, los padres de Fabio han demandado a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y al Instituto Nacional de la Seguridad Social porque consideran que se está vulnerando el derecho fundamental de igualdad. Su madre, Constancia García, asegura que la operación tiene los mismos riesgos para su hijo que para cualquier otro paciente. El juicio comenzará el próximo 14 de diciembre ante el Juzgado de los Social de Plasencia.

APOYO DE ALCER Además, el presidente de la Asociación de Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER) en Cáceres, José Antonio Sánchez Lancho, mostró ayer su total apoyo a la familia de Fabio y aseguró que se está incurriendo en "una clara discriminación". Así, como responsable provincial de esta organización, destacó que "la Sanidad es un sistema público y universal por el que todo el mundo tiene derecho a recibir atención sanitaria. No se puede entender que se elija quién puede curarse y quién no. Todos tenemos el mismo derecho a vivir".