Extremadura recibirá 7,5 millones de euros de los más de 201,3 millones de euros que costará al plan urgente de recolocación de desempleados, siendo las regiones más beneficiadas Andalucía (47,8 millones de euros), Cataluña (20,2 millones) y Comunidad Valenciana (16,4 millones), que recibirán el 41,8% del total del plan, según recoge la agencia Europa Press.
Por el contrario, las comunidades menos beneficiadas serán La Rioja (806.444 euros), Cantabria (1,7 millones) y Navarra (1,9 millones), según el reparto propuesto por el Ministerio de Trabajo e Inmigración a las comunidades autónomas congregadas en la primera Conferencia Sectorial sobre Asuntos Laborales de la Legislatura.
En cuanto al resto de las regiones, el reparto queda de la siguiente manera: Comunidad de Madrid (16,1 millones), Galicia (12,2 millones), Castilla y León (10,2 millones), Canarias (9,9 millones), Castilla-La Mancha (8,4 millones), Extremadura (7,5 millones), Asturias (4,7 millones), Aragón (3,8 millones) y Baleares (2,8 millones).
Asimismo, el presupuesto destinado al servicio público de empleo estatal, que corresponde al reparto de fondos para las comunidades autónomas de País Vasco, Ceuta y Melilla, asciende a 31,8 millones de euros.
En el capítulo de orientadores, los 1.500 contratados tendrán un coste de 17,5 millones de euros en 2008 y de 35 millones de euros en 2009, es decir, 52,5 millones en el conjunto de los dos años. Estos orientadores se concentrarán especialmente entre Andalucía (413), Cataluña (150) y la Comunidad Valenciana (120).
En cuanto a la cualificación específica del personal de los servicios de empleo de las comunidades autónomas, búsqueda de empleo, movilidad geográfica, promoción del empleo autónomo y formación profesional para el empleo, se destinarán 49,6 millones en 2008 y 99,2 millones en 2009, con un total de 148,8 millones de euros en dos años.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, afirma que le "parece razonable que el programa tenga vocación de permanencia mientras la coyuntura no cambie de signo totalmente" y que no se limite a un año, si bien, el ministro reconoce que "dentro de un año, probablemente, este tema no estará en la situación que a todos nos gustaría". De esta forma, Corbacho asevera que su Gabinete "peleará lo que tenga que pelear con los temas de carácter económico" para garantizar esta permanencia.
Por otro lado, se muestra partidario de que las comunidades autónomas tengan "un margen muy amplio de libertad" en la gestión de las ayudas incluidas en el plan de recolocación, para adoptar las políticas de empleo más adecuadas a sus peculiaridades, de forma que el Estado se limite a "tomar medidas" y "medir la eficacia" de las políticas desarrolladas en cada territorio. Por ello, considera que la "diversidad, singularidad y especificidad" de las distintas comunidades hace que sean éstas las que "puedan identificar la mejor política de empleo".
Asimismo, considera que la "flexibilidad" y la "adaptabilidad" deberían presidir la estructura futura de los servicio públicos de empleo, en lugar de las "normas de carácter reglamentarista". Además, determina que otra de las prioridades de cara al futuro será la mejora de la formación de los trabajadores. En este sentido, Corbacho indica que ha mantenido contactos con el Ministerio de Educación para iniciar una "reflexión conjunta" encaminada a la mejora de los formación "como sistema".
