La Asamblea de Extremadura se ha solidarizado hoy con las familias de las numerosas personas desaparecidas, en especial con la de Manuela Chavero, de Monesterio (Badajoz), de la que no se sabe nada desde hace ocho meses.
En una declaración institucional suscrita por los cuatro grupos parlamentarios expresa su deseo de contribuir a que la sociedad tome conciencia ante un problema que registra "cifras preocupantes".
En España se busca 4.164 personas desaparecidas, la mayoría con más de 35 años y fundamentalmente hombres, un 74,3 por ciento del total, mientras que son las provincias de Barcelona, Las Palmas, Málaga, Baleares, Madrid y Murcia donde se acumulan más casos de alto riesgo, 214.
Las fuerzas de seguridad buscan a 23 personas desaparecidas en Extremadura, pero únicamente tres de estos casos están considerados de alto riesgo, según la radiografía que publicó esta semana el Ministerio del Interior.
Ante esta realidad, el Congreso de los Diputados aprobó el 10 de noviembre de 2010 instaurar el día 9 de marzo de cada año como Día de las Personas Desaparecidas.
Asimismo, el Senado constituyó la comisión especial para el estudio de la problemática de las personas desaparecidas sin causa aparente, cuyas conclusiones se reflejaron en un informe aprobado por unanimidad el 12 de febrero de 2014.
Los grupos parlamentarios extremeños se comprometen a adherirse a la citada declaración del Congreso de los Diputados y a mostrar su solidaridad con todos los familiares de las personas desaparecidas y con las asociaciones y entidades que las representan.
Además, instan al Gobierno central y a las instituciones afectadas por esta problemática, a que continúen trabajando en aras de una mayor coordinación institucional que permita avanzar en la investigación y la búsqueda de las personas desaparecidas, así como en mejorar la atención y la ayuda a sus familiares.
El Parlamento extremeño asume las recomendaciones del Senado para que se considere este problema de forma prioritaria teniendo en cuenta toda su complejidad, no sólo los aspectos técnicos o legislativos, sino también y sobre todo los aspectos humanitarios.
Por último, se comprometen a trabajar para que esta problemática sea objeto de consideración desde una perspectiva global y como una política de Estado.
