El PP de Extremadura ha pedido hoy a la Junta un decreto específico de ayudas para familias desahuciadas por impago del alquiler, ya que en lo que va de legislatura se han registrado 1.200 y el aprobado recientemente es "un híbrido" que no soluciona el problema.

Así lo ha asegurado el diputado del PP José Angel Sánchez Juliá, quien ha preguntado hoy en la comisión correspondiente de la Asamblea sobre la valoración de la Junta por este incremento, que recoge el informe del Consejo General del Poder Judicial.

Sin embargo, la secretaria general de la Vivienda, Isabel Moreno Duque, ha afirmado que el decreto aprobado y consensuado con Podemos sí ataja este problema, no solo a las familias desahuciadas sino las que estén en riesgo de serlo, que además pueden solicitar una vivienda de promoción pública.

No obstante, ha añadido que como siempre hay necesidad de viviendas sociales disponibles pese a que Extremadura tiene el parque más grande de España, la Junta da hasta el 65 por ciento de lo que le cueste el alquiler, con un límite de 260 euros.

Además, ha señalado que el aumento registrado en los últimos años "no es significativo" y ha recordado que Madrid, País Vasco, Navarra y Extremadura fueron las comunidades autónoma en las que hubo menos desahucios por cada 100 viviendas en 2017 y ha agregado que "los datos se pueden interpretar de manera torticera y partidista, pero lo que no se pueden es inventar".

Por su parte, Sánchez Juliá ha criticado que la Junta siempre rehace las medidas que su grupo propone para atajar el problema pese a la "tendencia alzista" de estos desahucios, y ha acusado al Ejecutivo de "querer tapar" con este decreto de ayudas su mala gestión en materia de vivienda pública.

Ha lamentado que este decreto obliga a las familias desahuciadas por impago de renta a tener que registrarse como solicitantes de vivienda pública, "con la espera que ello conlleva y poniendo a la misma altura a personas con problemas diferentes".

También ha señalado que el PSOE prometió construir 800 viviendas públicas en esta legislatura, pero ante el incumplimiento de la promesa han aprobado este decreto, dotado con 913.000 euros y para el que ya hay más de 700 solicitudes, con lo que se demuestra que es claramente insuficiente, ya que solo podrá beneficiar a unas 290 familias.