Una pena total de 60 años de prisión solicita el Ministerio Fiscal para los 10 proxenetas que en el pasado mes de abril --ver EL PERIODICO de fecha 24 de abril-- fueron detenidos por su presunta implicación en una red de prostitución internacional detectada en Extremadura.
La Guardia Civil de Badajoz, que consiguió desarticular esta red tras un año de investigaciones, detuvo en la operación a 14 personas, de las que 10 serán procesadas por dos delitos: continuado de prostitución y contra el derecho de los trabajadores.
El fiscal ya ha trasladado al Juzgado de LLerena, que lleva el caso, sus conclusiones provisionales. En éstas solicita para cada uno de los cinco titulares de los clubs de alterne (C. S., J. I. M., J. J. A., F. S. y R. S.), siete años de prisión y 9.855 euros de multa; y para cada uno de los otros cinco imputados (los encargados de los clubs D. D., J. C. C., J. F. V. A., M. A. P. A. y J. O. B.), cinco años de prisión y 7.717 euros de multa.
Asimismo, se solicita la clausura de los establecimientos Arango II de Villagarcía de la Torre, Tú y Yo de Malpartida de Plasencia y La Viña de El Toboso (Toledo) durante cuatro años.
Por su parte, la acusación particular ha solicitado una pena total de 90 años de prisión (nueve años para cada uno de los 10 acusados), multas de 7.665 euros para cada uno de ellos, una indemnización solidaria a las tres mujeres que han decidido ejercer acusación de 90.000 euros (30.000 para cada una de ellas) y el cierre de los tres locales por un periodo de cinco años.
LOS HECHOS Fuentes jurídicas consultadas por este diario estiman que el juicio, en el Juzgado de lo Penal de Badajoz, se celebrará dentro de dos o tres meses.
Los hechos de los que se acusa a los 10 imputados en este caso ocurrieron entre los años 1999 y 2002, cuando "en fechas que no se pueden concretar y con el ánimo de lucrarse decidieron captar a mujeres en otros países, especialmente en Brasil y Rumanía, con la promesa de un contrato laboral en España".
Una vez captadas les proporcionaban los medios, dinero y documentación necesarias para llegar a España, donde eran recogidas por alguno de los empleados de los clubs y trasladadas directamente a ellos. "Ya en éstos las mujeres se encontraban con que habían contraído una deuda de entre 1.500 y 2.400 euros que debían pagar mediante el ejercicio de la prostitución; y en algunos casos incluso eran amenazadas con denunciarlas a la policía, agredirlas o causarles daño a ellas o sus familias si dejaban de trabajar en los clubs".
Las mujeres así captadas, "que en todo caso ignoraban que el destino en España fuera el de prostituta", eran trasladadas desde un club a otro en función de las necesidades de los propietarios, "y carecían de cualquier derecho laboral reconocido por la legislación española".
