Los funcionarios de Justicia volvieron ayer al trabajo. Después de 64 días en servicios mínimos, los juzgados exhibían de nuevo sus plantillas al completo y la máquina judicial volvía a echar a andar, aunque aún le costará meses recuperar el ritmo anterior al conflicto. "Es exagerado el trabajo que hay atrasado y es casi imposible que se saque en tres meses", aseguró José Antonio Barcas, de Comisiones Obreras en Cáceres.

Los procedimientos paralizados durante la huelga se cuentan por miles en la región, según los jueces y el propio Consejo General del Poder Judicial, así que la primera jornada de trabajo se dedicó ayer a evaluar los asuntos para empezar a dar salida a los más urgentes. Colocar carpetas, ordenar asuntos, reseñalar juicios suspendidos o empezar a notificar trámites, fueron algunas de las funciones primordiales del día, que discurrió con normalidad y sin incidentes.

JUZGADOS AL DIA En muchos juzgados ya se acumulaban montones de asuntos que con la huelga solo han hecho que incrementarse. Los funcionarios están convencidos de que tienen una ingente tarea por delante y que, por supuesto, será "muy difícil, por no decir imposible" solucionar en tres meses --el plazo que en principio fijaba el Gobierno prorrogable a seis meses-- el colapso que se ha producido con la huelga.

"Aquí en Cáceres, salvo el Juzgado de lo Penal, el resto de primera instancia estaban prácticamente al día y costará muchos meses que recuperen el ritmo", advirtió Barcas. "Muchos juicios --añadió-- se señalan con seis meses de antelación, así que esto es como una cadena y se va a arrastrar durante mucho tiempo".

El delegado de CSI-CSIF, Antonio Rodríguez, recordó que los funcionarios no se dedicarán exclusivamente a los procedimientos paralizados, sino al trabajo diario de los nuevos asuntos que vayan entrando, por eso insistió en que será "muy difícil que en tres meses esté resuelto, habrá que prorrogar ese plazo al menos otros tres meses o incluso más".

Precisamente, el delegado de Comisiones Obreras insistía ayer que el principal escollo para poner fin al conflicto no había sido un motivo retributivo, sino los planes de actuación que regularían las medidas para resolver el trabajo atrasado. "No están suficientemente desarrollados en el acuerdo que llevó a desconvocar la huelga y todavía queda un larguísimo proceso para que todo vuelva a su curso normal", indicó Barcas.

COMISION PARITARIA Ayer el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó proponer al Ministerio de Justicia la creación de una comisión paritaria para estudiar las medidas necesarias a fin de paliar el incremento de pendencia producido en los órganos judiciales por la huelga, seguida en las siete comunidades autónomas que no tienen transferida las competencias en Justicia en demanda de la equiparación salarial con el personal sí transferido, informa Efe.

El CGPJ ya ha advertido de que el conflicto ha provocado un grave colapso y acumulación de actuaciones, tanto en el ámbito regional como central (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Registro Civil Central). En Extremadura, la suspensión de juicios ha rozado el cien por cien --únicamente se han celebrado las vistas con presos-- y los paros afectaron de forma notable a la actividad de los registros civiles.