Han pasado 72 años pero las heridas siguen abiertas y hay que cicatrizarlas. Es lo que parece quiere conseguir el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que dio ayer el primer paso para elaborar un gran censo nacional de desaparecidos a partir del denominado alzamiento nacional del 18 de julio de 1936. Esta labor coincide con la demanda realizada, entre otros colectivos del país, por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y Comarca, que se congratula de esta decisión del juez. Tal vez ese trabajo ayude a aclarar las confusas cifras de desaparecidos en Extremadura durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. En casi toda la región hubo fusilamientos, sobre todo en Badajoz, que fue la provincia que concentró mayor número de represaliados en España con más de 12.000 víctimas.
En una providencia, Garzón pide que, de momento, elaboren listados y aporten datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo a instituciones como el Valle de los Caídos, la Delegación de Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial, el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Ministerio de Defensa, la Conferencia Episcopal, los ayuntamientos de Córdoba, Sevilla, Madrid y Granada, e incluso al rector de la Universidad de esta última ciudad.
El juez ha tomado esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que varias asociaciones para la memoria histórica de Navarra, Andalucía, Valencia, Cataluña, Aragón, Mallorca, Valladolid, Ponteareas (Pontevedra) Sierra de Gredos y Toledo y Arucas (Gran Canaria) presentaron el 18 de julio del 2007 en la Audiencia Nacional. Solicitaban la persecución penal por delitos de lesa humanidad de los autores de las desapariciones, asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936.
También desde Mérida
No aparece en esta providencia, pero la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y comarca (ARMH) ha presentado ante la Audiencia Nacional un informe redactado por el abogado Fernando Magán sobre la "desaparición forzada de multitud de republicanos" en Mérida desde el inicio de la Guerra Civil en adelante. Este abogado, cuyo informe se suma al que ya han presentado otras asociaciones de este tipo de toda España, pedirá el próximo otoño a la alta instancia judicial que abra diligencias e investigue "todos estos casos de violencia relacionados con la Guerra Civil y la posguerra", según ha apuntado esta asociación emeritense.
Este colectivo considera que "estos supuestos delitos no prescriben nunca", y recuerda que "toda persona de Mérida o Extremadura que desee denunciar la desaparición de un ser querido en aquellos años tiene de tiempo hasta noviembre" y puede contactar para ello con la asociación.
En cualquier caso, esta asociación avala que Garzón haya iniciado este proceso. Además, ha pedido a los familiares de los fallecidos que colaboren dando los nombres de éstos, para hacer una lista y entregarla en las dependencias judiciales.
Frentes abiertos
Lo cierto es que el juez tiene varios frentes abiertos al respecto. A la Conferencia Episcopal Española le pide que las 22.827 parroquias españolas permitan el acceso de la Policía Judicial para que identifique, a través de los libros de difuntos de los que dispongan, a posibles víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura.
Al Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial (Madrid) les reclama que proporcionen la información sobre "el nombre de las personas enterradas, procedencia geográfica de los restos y causas del enterramiento".
Garzón también pide a los alcaldes de Córdoba, Sevilla, Madrid y Granada, así como al rector de la universidad de esta última ciudad, el nombre de las personas enterradas en las fosas comunes de los cementerios de San José (Granada), Nuestra Señora de la Salud y San Rafael (Córdoba) y San Fernando (Sevilla). El juez requiere a los consistorios que informen sobre "las circunstancias en los que ocurrieron los enterramientos, la fecha y si las muertes están anotadas en algún registro público".
