Era una de las medidas estrella del programa electoral de los socialistas y finalmente terminará en los juzgados. El Ejecutivo de Mariano Rajoy confirmó ayer que llevará al Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Emergencia Social de la Vivienda de Extremadura al entender que invade competencias estatales en dos de sus preceptos clave: la posibilidad de expropiar el usufructo de la vivienda a los bancos para evitar desahucios en casos extremos y la imposición de un canon que grava los pisos vacíos. La decisión se tomó en el Consejo de Ministros y se fundamenta en que la normativa autonómica regula el problema de la vivienda «sin tener en cuenta las competencias estatales, de forma que puede impedir la eficacia de las medidas adoptadas por el Estado».

Según el Gobierno, las comunidades no pueden ejercer su competencia exclusiva en materia de vivienda desconociendo que, por el principio de igualdad, los mecanismos que limitan la propiedad en defensa de la función social corresponden al Estado. Así, detalla que la ley extremeña «impone el deber de destinar la vivienda a un uso habitacional», estableciendo con ello unos deberes básicos para el ejercicio del derecho a la propiedad cuyas competencias corresponden al Estado según el artículo 149 de la Constitución. A juicio del Gobierno, la ley incurre también en vulneración del mismo artículo 149 al regular la posibilidad de expropiar el usufructo de determinadas viviendas para evitar desahucios por ejecución hipotecaria, previendo además su aplicación con carácter retroactivo. Por último, el Gobierno señala que el canon de vivienda deshabitada recaería solo sobre las personas jurídicas y herencias yacentes, «vulnerando la competencia del Estado para garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales».

La vicepresidenta de la Junta, Pilar Blanco-Morales, lamentó la decisión del Gobierno de llevar la norma extremeña al TC, ya que según recordó, su objetivo no es otro que atender una necesidad básica de los ciudadanos. Según dijo, el Ejecutivo extremeño ha agotado todas las vías de diálogo posibles para explicar al Gobierno la constitucionalidad de la ley, algo que ahora defenderá ante el juez. Una ley, dijo, que «no sería necesaria si el Gobierno tomara medidas para que las comunidades no tuvieran que regular estas situaciones de emergencia.

«Agotadas la vías de diálogo, si el Gobierno entiende que nuestras disposiciones son inconstitucionales lo lamentamos, porque estamos atendiendo a una necesidad básica de los ciudadanos extremeños como es la vivienda», dijo la vicepresidenta.

ACUERDO CON PODEMOS / Como se recordará, la Ley de Emergencia Social de la Vivienda se aprobó en la Asamblea el pasado enero. Salvó el primer trámite parlamentario por la falta de acuerdo entre PP, Podemos y Ciudadanos (Cs), que presentaron sendas enmiendas a la totalidad. Finalmente, la ley salió adelante con la abstención de Podemos gracias a un acuerdo de última hora con el PSOE: la formación morada entendía que el texto inicial se quedaba corto en sus pretensiones y los socialistas aceptaron incluir ese canon a los pisos vacíos, que era una de sus principales reivindicaciones. Cs también se abstuvo después de que el consejero de Sanidad y Política Social, José María Vergeles, asegurara que se habían tenido en cuenta las recomendaciones del Consejo de Estado y que se habían introducido mecanismos correctores para sortear esa posible inconstitucionalidad.

Quien votó en contra fue el PP, que desde el principio se opuso a esta ley al entender que la Junta solo buscaba la polémica. De hecho, el portavoz de Vivienda de los populares en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, lamentó ayer tras conocerse la decisión del Gobierno de ir al TC que Fernández Vara y Vergeles, junto a sus «socios» de Podemos, hayan situado a Extremadura «fuera de la Constitución».

Para Sánchez Juliá, este recurso demuestra que Vergeles «mintió» cuando dijo que en el texto se habían incluido las recomendaciones del Consejo de Estado y recordó que el PP ya advirtió de que la ley terminaría en el Constitucional. Un revés que a su juicio es consecuencia del «bandolerismo legislativo de un gobierno regional comprometido con la propaganda, pero no con las personas», reiteró.

Además de Extremadura, también Andalucía, Canarias, País Vasco y Navarra han aprobado normativas de este tipo. La ley andaluza ya se declaró inconstitucional y las de Canarias, País Vasco y Navarra están suspendidas cautelarmente por el TC tras el recurso del Gobierno.