El consejero de Hacienda y Administración Pública, Clemente Checa, cifró ayer en 101 millones de euros el ahorro realizado durante el conjunto de la legislatura con las medidas impulsadas para la reestructuración del sector público regional, y que ha supuesto una mejora en la "eficiencia" de los servicios que no han sufrido, indicó, ninguna merma en su calidad.

Checa defendió que esta reorganización nació de una "doble necesidad", como es hacer frente a la merma de los ingresos provocada por la crisis económica; y por otro lado para "ganar en eficiencia y transparencia", de tal forma que ello "no supusiera ni merma o decremento en la prestación de servicios públicos fundamentales".

En una intervención ante el Pleno del Parlamento regional a petición propia habló primero de la reducción de entes públicos, recordando que las recomendaciones en este sentido del Consejo de Política Fiscal y Financiera establecían que se suprimieran 12, si bien finalmente esta cifra se ha elevado a los 17, a los que habrá que sumar otros 4 que se encuentran "en proceso de fusión o eliminación". En cuanto a los altos cargos y cargos públicos, Checa recordó que el número de consejerías pasó de 11 a 7 en el año 2011, así como otras medidas como la reducción del 5 por ciento de los salarios de todos los cargos públicos o la supresión de algunos complementos como el denominado "Super 30", que fijaba un complemento "de por vida" a los empleados públicos cuando abandonaban un cargo público o la creación de un puesto en la administración para los ex altos cargos acordes a su "nivel", lo que ha supuesto un ahorro de 5 millones.

Por otro lado, el consejero fijó el ahorro en alquileres en un 60 por ciento, lo que supone 1,7 millones al año, a lo que hay que habrá que sumar otros 3,7 millones anuales por la implantación de programas de eficiencia energética. También aseguró que se ha ahorrado con la reducción del parque móvil, donde -dijo- se han suprimido los vehículos para altos cargos excepto para los miembros del Consejo de Gobierno, e informó que se han vendido 220 coches que "no tenían utilidad", que ha supuesto unos ingresos de 190.000 euros, además de centralizarse los seguros y el gasto en carburante, lo que implica un ahorro anual de 500.000 euros.

La compra centralizada también se ha extendido a los suministros del Sistema Extremeño de Salud, indicó lo que ha permitido ahorrar 19 millones, mientras que el nuevo contrato de telecomunicación ha adelgazado la factura en este concepto en 12,8 millones de euros.

CRITICAS Por su parte, el diputado del PSOE Alfredo Escribano criticó que las medidas de racionalización se hayan traducido en recortes de personal y que, asimismo, no haya supuesto un beneficio para los ciudadanos en el sentido de que la "contrapartida" no haya ido a parar "al otro lado del saco" para que "la gente que tiene dificultades salga adelante". Según indicó, desde 2011 a 2014 los empleados públicos han pasado de 7.357 a 6.943, lo que supone una reducción del 5,63%. Asimismo, apuntó que el personal laboral ha pasado de 11.617 a 10.343 (-10,96%). El diputado socialista explicó que se ha producido un "descenso notable del servicio público, y que se ha sobrecargado física y emocionalmente a los empleados públicos".

El portavoz de IU, Pedro Escobar, dijo por su parte, que el consejero extremeño en su comparecencia lo que tratara era de "justificar" los programas de "ajuste y austeridad" impuestas por el Gobierno central "bajo el paraguas" del cumplimiento del objetivo de reducción del déficit.

Finalmente, desde el Prex-Crex, Damián Beneyto, defendió que las medidas la reordenación deben suponer además de un ahorro un mantenimiento e incluso "mejorar los servicios" prestados.

La diputada del Grupo Popular Beatriz Villalba defendió las medidas de control en el gasto impulsadas por el Ejecutivo de Monago, las cuales quiso comparar con las del anterior Ejecutivo, las cuales resultaron a todas luces insignificantes según su criterio.