Ibercaja quiere amortizar 145 puestos de trabajo en la red de oficinas de su territorial extremeña, según confirmaron ayer fuentes sindicales. De ellos, 72 corresponden a las 32 sucursales que esta entidad prevé cerrar y los restantes 73 a otras en las que se reduciría el número de trabajadores con el fin de mejorar su eficiencia. Esto supondría prescindir de más del 37% de las 389 personas que integran la red comercial de esta territorial, asentada fundamentalmente en la provincia de Badajoz, pero también con oficinas en Cáceres y Salamanca. Es la proporción de despidos más elevada, con diferencia, de sus seis direcciones territoriales y triplica la incidencia que, de media, tendrá el Expediente de Regulación de Empleo planteado en el grupo, donde se contempla la salida de 686 trabajadores.

Las cinco secciones sindicales de Ibercaja en la provincia de Badajoz (las de UGT, Csica, CCOO, Asipa y ACI) se reunieron ayer para poner en común sus posturas con vistas a los encuentros que mantendrán hoy en Mérida con responsables de todos los grupos parlamentarios representados en la Asamblea. «Seguimos sin verle la justificación al ERE por ningún sitio, ni por causas económicas, ni organizativas, ni por nada», resaltó Javier Florido, secretario general en Extremadura de UGT en Ibercaja. El objetivo de las reuniones con los grupos políticos es pedirles «solidaridad con los trabajadores y que luchen contra la exclusión financiera, porque hay poblaciones que se van a quedar sin ningún banco. Llegará un momento en el que muchos ancianos van a tener que coger el coche para poder cobrar la pensión», subrayó Florido, quien hizo también hincapié en el «quebranto económico que supondrá esta destrucción de empleo para la comunidad autónoma».

De la misma forma, remarcó que el número de empleos amortizados en la región podría, incluso, aumentar, si se ve afectado alguno de los 25 trabajadores de servicios centrales y de apoyo a la red que tiene Ibercaja en Badajoz.

VOLUMEN DE NEGOCIO / Este responsable sindical reprochó que para justificar los despidos se arguya que no se cumplen los criterios «que ellos quieren de volumen de negocio por empleado. Aquí no se van a poder cumplir nunca, porque nosotros no tenemos la renta per cápita o las pensiones que tienen en Zaragoza o en Madrid».

«A este paso, en tres años van a quedar diez oficinas», lamentó por su parte Camilo Trejo, responsable de Csica. «En el 2009 éramos casi mil empleados en Caja Badajoz», cifra que, recalcó, tras pasar por cuatro ERE puede llegar a reducirse ahora en un 75%. «Tan malos no seríamos produciendo cuando sostuvimos Caja Badajoz 125 años y éramos la segunda caja de España en ratio de solvencia», sentenció. A su juicio, aunque ahora se consiguiera moderar el impacto del ERE, el problema es que cuando este termine «estaremos ya esperando que venga otro». «No puedes centrarte en tu trabajo si estás continuamente pensando en qué te va a pasar», argumentó Trejo, quien criticó que la destrucción de empleo sea especialmente elevada en Extremadura. «Si no nos quieren, que vendan [la parte extremeña de] la red, que seguramente habrá alguien que la quiera», apostilló.