Iberdrola ya tiene protegidos a sus 240.000 clientes residenciales de Extremadura de una eventual suspensión del suministro de electricidad o gas derivada del impago de facturas, siempre que se trate de consumidores considerados vulnerables, informa la compañía.
Esta protección, que alcanza a 7,35 millones de clientes residenciales, se ha conseguido a través de diversos convenios suscritos con administraciones públicas, organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras asociaciones, y del procedimiento puesto en marcha por la eléctrica hace dos años.
La protección se aplicará a todos los consumidores que tengan contratado el suministro eléctrico y/o de gas de su vivienda habitual con Iberdrola y que estén considerados clientes en situación de vulnerabilidad.
La compañía se ha comprometido a colaborar, según las políticas que establezcan las Administraciones Públicas competentes en cada caso, para facilitar el acceso continuado al suministro de energía eléctrica y gas. Desde finales de julio de 2015, Iberdrola ha firmado cincuenta convenios con comunidades autónomas, federaciones de municipios y provincias, ayuntamientos, ONG y otras asociaciones para proteger a ese colectivo.
