La Guardia Civil ha intervenido en la A-2 a la altura de El Frasno (Zaragoza) un vehículo cargado con 1.880 kilogramos de carpas, no aptas para el consumo humano, procedentes de Extremadura y que iban a ser transportadas a Rumanía.
El conductor del vehículo, cuya identidad responde a las iniciales A.T., de 27 años y de nacionalidad rumana, ha sido detenido por un delito contra la salud pública, han informado hoy fuentes de la Guardia Civil.
El detenido no ha podido acreditar el origen de la mercancía ni su trazabilidad.
La detección de esta mercancía se produjo el pasado día 22 de febrero, cuando una patrulla de la agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Zaragoza, que prestaba servicio, observó una furgoneta estacionada fuera de la vía, en la A-2, y se acercó ante la posibilidad de que pudiera necesitar algún tipo de asistencia.
Los agentes observaron que el vehículo presentaba evidencias claras de sobrepeso, por lo que se requirió al conductor que mostrara el interior de la furgoneta y la documentación que amparase la carga.
Tras visualizar la carga, los agentes comprobaron que el vehículo portaba gran cantidad de carpas, por lo que solicitaron la presencia de los agentes del Seprona para determinar si el transporte se realizaba correctamente.
Los agentes comprobaron que la mercancía no tenía un origen definido; en la documentación existente no figuraba la fecha del transporte, mientras que los datos eran incompletos.
Tras levantar acta y proceder a la inmovilización cautelar de la carga, se le dio al conductor un plazo de un día para que acreditase el origen, procedencia y trazabilidad de la mercancía.
De la investigación llevada a cabo por los agentes, la Guardia Civil logró determinar que el detenido se había trasladado a España para realizar el transporte de la mercancía intervenida, cuya procedencia era Extremadura y su destino final Rumanía tras hacer escala en Italia.
El detenido y las diligencias instruidas fueron entregados en el Juzgado número 1 de La Almunia de doña Godina (Zaragoza).
Igualmente se dio cuenta al Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón y Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por si los hechos pudieran incurrir en posibles infracciones administrativas, según las fuentes.
